El grupo de gobierno de A Illa y los representantes de las entidades profesionales de la localidad celebraron ayer por la noche la última reunión previa a la entrada en vigor de la Caixa de Financiamento Local, una innovadora propuesta con la que el Ayuntamiento quiere echar una mano a empresas y autónomos.
El Concello redactó un borrador de reglamento, y lo remitió hace dos semanas a las asociaciones. Varias de ellas presentaron sugerencias y alegaciones, y fueron incorporadas al texto, pues el alcalde, Manuel Vázquez, asegura que "eran muy enriquecedoras". Así, algo que solicitaron algunos de los consultados fue poder ampliar el periodo de carencia de los tres meses inicialmente previstos a un año, y el plazo de la devolución del dinero de un año a dos.
En este sentido, el alcalde opta por ampliar los plazos, pero dejando la puerta abierta a los que prefieran una cancelación más rápida. Así, será cada solicitante el que elija, en el momento de formalizar su crédito, en cuánto tiempo quiere devolver el dinero. De todos modos, todo apunta a que finalmente se acordará que el presente año sea de carencia, y que las devoluciones se hagan a partir de 2014.
Otra de las propuestas que formularon las asociaciones fue la de eliminar parte del papeleo que exigía el Ayuntamiento, al entender que la tramitación era excesivamente engorrosa.El grupo de gobierno y el representante del BNG -el PP no forma parte de la mesa por decisión propia- también aceptaron esta petición. Así las cosas, lo que se va a hacer ahora es redactar el reglamento definitivo, que incorporará las sugerencias que hicieron las asociaciones y las que se pusieron sobre la mesa en la reunión celebrada anoche en la casa consistorial.
Manuel Vázquez pretende que el documento esté terminado para el pleno que la corporación celebra el próximo jueves, con lo que el "banco municipal" podría empezar a funcionar en cuestión de semanas.
El Ayuntamiento de A Illa va a prestar 35.000 euros sin interés alguno, y el dinero se repartirá entre las asociaciones: las tres de mejilloneros, la OPP-20 y la cofradía, y la de empresarios y comerciantes. En las bases se establece que uno de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de hacer el reparto serán el número de socios y la facturación de cada colectivo.
Posteriormente, las asociaciones emplearán el dinero para atajar los problemas de solvencia y liquidez que se le puedan presentar a sus asociados.
