La Fiscalía de Pontevedra ha decidido presentar una querella contra el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, al entender que puede existir un delito de prevaricación en la contratación de 61 personas desde el año 2009 hasta la actualidad. En todos esos casos existían reparos del secretario municipal y de la interventora, unos reparos que el regidor se habría encargado de levantar sin tener en cuenta las puntualizaciones de los servicios municipales, algunas de ellas de carácter suspensivo.

La decisión de la Fiscalía se adoptó la pasada semana tras analizar la declaración del propio alcalde vilanovés y de los responsables de los servicios de Intervención y Secretaría y considera que existen indicios de un posible delito, por lo que se ha decidido continuar adelante.

La noticia no ha pillado por sorpresa al regidor vilanovés que ayer aseguraba estar "muy tranquilo, ya que por fin voy a poder defenderme con mi abogado y aportar testigos que a mi me dijeron que todo lo que hacía era legal y que nunca se actuó de mala fe; confío plenamente en la justicia, ya que ahora, con esta querella voy a poder defenderme de esas acusaciones".

El partido en Vilanova respalda, sin ningún tipo de fisura, a su máximo dirigente. Por su parte, en el PP provincial mostraban ayer "un respeto absoluto a la decisión judicial". "Vamos a dejar seguir el proceso con total normalidad antes de tomar una decisión, ya que todavía no existe imputación y puede que nunca llegue a haberla", explicaba ayer una portavoz de la formación.

Adoptar algún tipo de medida en contra del regidor vilanovés es algo que ni se baraja en la formación provincial del PP en estos momentos. "Todavía no conocemos el contenido exacto del escrito del Ministerio Fiscal. Además, la causa todavía se ha iniciado, ni siquiera está imputado, por lo que puede seguir adelante o archivarse".

Todo este proceso arrancó el pasado mes de julio, cuando el PSOE, a través del exdiputado autonómico Modesto Pose, denunciaba públicamente la existencia de 61 contratos presuntamente irregulares en el Concello de Vilanova. La denuncia iba acompañada por un importante número de documentos en los que se demostraría que el regidor vilanovés, entre los ejercicios 2009 y 2012 habría autorizado la contratación de 61 personas vinculadas al Partido Popular, según el PSOE, levantando los reparos suspensivos interpuestos por Secretaría e Intervención, justificando esa decisión en "necesidades del servicio".

La documentación fue puesta en manos del Ministerio Público, que el pasado mes de octubre tomaba declaración al regidor vilanovés, que tras analizar ambos extremos ha decidido seguir adelante con el proceso judicial y presentar una querella contra Durán.

Desde las filas socialistas también se promovió hace unos meses otra causa contra el regidor vilanovés al considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los grupos de la oposición, algo en lo que el juzgado les acabó dando la razón.

Esa denuncia arrancó el 30 de marzo, cuando se celebró la sesión plenaria en la que se aprobó el plan de ajuste al que instó el Gobierno del Estado. Socialistas y nacionalistas recibieron la documentación tan solo una hora antes de que comenzase la sesión plenaria, algo que les impidió, obviamente, consultarla. La sentencia judicial también obligó al Concello a paralizar la aplicación del Plan de Ajuste. La decisión no fue recurrida por el grupo de gobierno, que siempre alegó desde el inicio que nunca se le advirtió desde la secretaría de que podían incurrir en una falta de respeto a los derechos fundamentales. En el caso de que saliese adelante la demanda, Durán se expone, primero, a ser imputado por el juez, y posteriormente, a la inhabilitación para desempeñar un puesto público, lo que supondría un auténtico terremoto en el seno del PP de Vilanova, liderado por su figura desde hace 21 años. Ese era el objetivo que perseguían los socialistas cuando presentaron la documentación, tal y como reconocía el propio Modesto Pose el pasado mes de julio.