El conflicto entre los trabajadores de la limpieza en instalaciones municipales y la nueva concesionaria del servicio permanece enquistado. No se vislumbran visos de acuerdo entre las partes, y por ello la plantilla ya decidió en una asamblea celebrada el lunes por la noche -tras la fallida reunión entre el comité de empresa y representantes de Clece- solicitar permiso al Concello de Vilagarcía para que una trabajadora pueda intervenir en el próximo pleno que previsiblemente se celebrará el 29 de octubre. Ayer ya presentaron el escrito por registro.
Finalizados los siete días de los que dispone la empresa para comunicar al cuadro de personal las reducciones de jornada previstas, los empleados todavía no han recibido ninguna carta con el aviso. En el momento en que Clece les remita la misiva, el recorte ya podrá aplicarse y por tanto la plantilla presentará una demanda de conflicto colectivo ante los tribunales e iniciará movilizaciones contra la reducción de entre 5.000 y 5.200 horas de trabajo al año, lo que supondría un ahorro para la empresa de unos 100.000 euros.
Los sindicatos censuran que la concesionaria haya concurrido con una oferta económica "bajísima" al concurso municipal para ganarlo y ahora "quiera recuperar el beneficio a costa de los trabajadores y de no realizar el servicio que figura en el pliego". "Si la empresa se sale con la suya y el Concello no actúa, este será cómplice, puesto que le va a pagar el mismo dinero haciendo 5.000 horas menos de trabajo", explica el sindicalista de CIG, Xoán Xosé Bouzas.
De imponerse lo que se denomina legalmente como "una modificación sustancial de las condiciones de trabajo", los empleados solicitarán en su intervención plenaria a toda la Corporación que solicite el rescate de la concesión al "incumplir el pliego de condiciones". En el caso de que llegado el día de la sesión no se haya aplicado la tijera en las jornadas del cuadro de personal de Clece -que forman 54 personas-, este pedirá al Concello que obligue a la concesionaria a acogerse estrictamente al contenido del contrato.
Los trabajadores aseguran estar abiertos a continuar con las negociaciones, aunque la empresa "ya las da por rotas", dicen desde CIG. "No tenemos ningún problema en volvernos a reunir, y si el alcalde quiere asistir para mediar en el conflicto, tampoco nos oponemos", apunta Xoán Xosé Bouzas.
Mientras no se producen movimientos por parte de la concesionaria, la plantilla está en alerta. Solo tres de los 54 empleados tienen jornada laboral completa y los 51 restantes trabajan menos de 20 horas semanales. "Se está creando un mal ambiente de trabajo y la gente está muy quemada. Son empleados que cobran 300 o 400 euros al mes en muchos casos y la empresa les está obligando a hacer horas extras porque no le da tiempo a realizar el servicio en el tiempo estipulado", explica el sindicalista.
