El PSOE y el BNG piden al gobierno local de Vilagarcía que busque alternativas para evitar que el plan de ajuste al que obliga la adhesión al crédito estatal para pago a proveedores obligue a una subida de impuestos y tasas generalizada. Socialistas y nacionalistas temen las repercusiones que vendrán de la mano de una ayuda con unos intereses excesivamente altos, y exigen al alcalde que evite perjuicios para las rentas más bajas y busque fuentes de ingresos alternativas.

"No compartimos que se recorten gastos y se suban impuestos", asevera la edil socialista Tania García, que pide "que se convoque cuanto antes una comisión de estudio de las ordenanzas municipales para evitar que este esfuerzo recaiga en los ciudadanos con menos ingresos".

El PSOE propondrá al pleno un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las segundas residencias, y también una subida del impuesto de matriculación para los vehículos de mayores cilindradas. Además, los socialistas plantean la posibilidad de que Vilagarcía aplique una ordenanza que ya está en vigor en otros Ayuntamientos de España, y que cobra a las compañías de telefonía móviles en función del número de abonados y de llamadas.

Ayer por la tarde el grupo municipal del BNG se reunía para estudiar, antes de las comisiones informativas previas al pleno que se celebrará el viernes, las medidas incluidas en el plan de ajuste diseñado por el gobierno que dirige Tomás Fole. "Nos preocupa que se proponga un plan de ajuste como mecanismo para financiar una ayuda que supondrá ajustes a largo plazo, y que obligará a devolver unos intereses demasiado elevados", expone María Villaronga, portavoz del Bloque. También el PSOE comparte ese punto de vista. "No vemos bien que el Banco Central Europeo preste al 1% de interés un dinero que los Ayuntamientos tendrán que devolver al 5%", asevera Tania García.

El Bloque critica además los cambios que afectan a los trabajadores municipales. "Tal y como está planteado el plan de ajuste, ellos serán los principales perjudicados. Además, se abre la puerta a que futuros ajustes continúen repercutiendo en la plantilla del Ayuntamiento", expone Villaronga, que se opone a esta línea de actuación.

García aprecia un cambio de talante en el gobierno

Después de semanas criticando la "falta de diálogo" y la "resistencia" del gobierno de Vilagarcía a dar información a la oposición y a tener en cuenta sus planteamientos, la portavoz del grupo municipal del PSOE reconocía ayer que se ha producido un cambio de talante en el ejecutivo de Tomás Fole.

Tania García lanza un capote al gobierno de Vilagarcía, que finalmente se ha avenido a aceptar las alegaciones presentadas por los socialistas a la ordenanza de terrazas. "Aunque ha sido tarde mal y arrastras y después de mucho insistir, al final han tenido en cuenta nuestras aportaciones", asevera la edil.

La portavoz del PSOE asegura que en los contactos mantenidos en los últimos días con motivo de la preparación del pleno previsto para el viernes, "se ha apreciado un cambio en el tono del grupo de gobierno".

El "oscurantismo" con el que el ejecutivo central realizó los trámites para beneficiarse de la ayuda del Ministerio de Hacienda ha molestado a la oposición, que la semana pasada criticaba la "ausencia total de diálogo" del grupo que dirige Tomás Fole. Sin embargo, la aceptación de las alegaciones socialistas a la ordenanza de terrazas ha suavizado la postura de ese grupo. Las obligaciones pendientes de pago del Concello, a 31 de diciembre de 2011, suman 7.916.239,80 euros. En esta cantidad no aparecen las facturas pendientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por lo que la deuda municipal aún será mayor.

Críticas a la injerencia "en la autonomía local"

Tanto el BNG como el PSOE entienden que saldar la deuda que el Ayuntamiento mantiene con sus proveedores debe ser una prioridad. "Por supuesto que queremos que se pague, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos", aseveran María Villaronga y Tania García. Sin embargo, las portavoces de BNG y PSOE critican la excesiva celeridad con que el gobierno central ha tramitado una línea de crédito "que aún no cuenta con una redacción definitiva". Además, para la edil nacionalista que el gobierno central imponga condiciones a los planes de ajuste supone "una disminución de la autonomía local".