Uno de septiembre de 2006. Enfilaba su recta final un verano en el que el fuego arrasó decenas de miles de hectáreas en el monte gallego. Sin embargo, todavía faltaba una última estocada al medio ambiente. Sobre las dos de la tarde un incendio que se declaró en la planta Química de Brenntag en Caldas de Reis arrasaba por completo estas instalaciones y provocaba un vertido tóxico al río Umia. Cinco años y medio después de la catástrofe ambiental, el juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra acogerá a partir de mañana y durante cuatro días la vista que tiene como objetivo determinar las responsabilidades penales y civiles por aquel accidente.

El fiscal especializado en Medio Ambiente de la provincia de Pontevedra, David de la Fuente, considera que sí existió una negligencia en la operación de descarga de aquel camión de tolueno y presenta acusación contra dos operarios de la fábrica (E. E. P., vecino de Pontevedra; y J. M. M. P., vecino de Portas), así como contra una tercera empleada de Brenntag, (B. G. V., vecina de Moraña), responsable medioambiental de la planta. Los acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente cometido "por omisión e imprudencia grave" y solicita al juzgado que se les imponga una pena cuatro meses y 15 días de prisión. Aparte de la responsabilidad penal, lo que realmente está en juego son los cerca de diez millones de euros que reclama el fiscal en materia de responsabilidad civil por los costes de actuación para apagar el incendio y contener el vertido, así como los graves daños ecológicos y las obras de emergencia que fue necesario llevar a cabo para garantizar el suministro de agua a una comarca de más de 100.000 habitantes como es O Salnés. El fiscal señala como responsable civil subsidiaria a la entidad "Brenntag Química S. A." y a su vez, de forma solidaria, a su aseguradora AIG Europe.

La principal beneficiaria de estas indemnizaciones sería la Xunta de Galicia para quien el Ministerio Público reclama, nada más y nada menos, 9,6 millones de euros. Calcula en 8,1 los costes de actuación del ejecutivo autonómico, 1,3 millones por los daños ecológicos y medioambientales (el vertido arrasó la fauna del río en un tramo de 7 kilómetros) y 113.919 por las obras de emergencia. Entre otras medidas de urgencia, fue necesario construir diques en el Umia para evitar que el vertido continuase avanzando hasta la ría de Arousa lo que evitó, a juicio del fiscal, "que la catástrofe adquiriese un tono más dramático".

Las causas del accidente

Según la tesis que defiende David de la Fuente en su escrito de acusación, los operarios de Brenntag no adoptaron "por descuido" todas las medidas de seguridad oportunas en una maniobra tan delicada como la descarga de un camión de tolueno, una sustancia altamente inflamable. En este tipo de operaciones, "el principal riesgo que puede surgir consiste en que se produzca una deflagración de naturaleza electroestática (chispa) que dé lugar a una violenta explosión por contacto de la chispa con los gases inflamables liberados durante el trasvase de tolueno". Para conjurar este riesgo de deflagración –prosigue el Ministerio Público–, una de las normas a seguir consiste en "emplear unas pinzas metálicas unidas a tomas de tierra de modo que tanto el camión cisterna como el recipiente contenedor en el que se vierte el tolueno deben tener conectadas dichas pinzas metálicas a las tomas de tierra". Mientras que se comprobó que el conductor del camión cisterna sí observó esta medida de seguridad, los empleados de Brenntag "no llevaron a cabo la conexión del recipiente contenedor a tierra mediante unas pinzas metálicas como resulta preceptivo en estos casos". En un informe remitido por el fiscal al juzgado, elaborado en base a las investigaciones practicadas por los expertos de la Guardia Civil, señala que si esas pinzas hubieran sido utilizadas en la descarga se habrían encontrado sus restos durante las "minuciosas" labores de desescombro que se llevaron a cabo.