Miguel Pérez prevé la legalización de inmuebles sin costes para el Concello

MANUEL MÉNDEZ - O GROVE El alcalde de O Grove, Miguel Ángel Pérez, explica que la empresa contratada por el Concello para gestionar la legalización de construcciones y actividades sin licencia no tendrá coste para las arcas municipales.
Lo que quiere decir el conservador es que el pago que deben realizar los propietarios por legalizar sus inmuebles y/o actividades va a permitir formalizar el pago de los 17.999 euros por los que fue contratada dicha empresa externa.
Hay que explicar, y así lo hace el conservador, que el 20% de lo que abone cada interesado irá destinado a sufragar el contrato con la firma Nimo Mezquita Arquitectura S.L.P., que según el acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de noviembre de 2011 va a costar "17.999 euros, IVA no incluido".
"Lo que hicimos fue un contrato menor, y por eso evitamos llegar a los 18.000 euros, para evitar el proceso de selección entre tres empresas y poder contratar directamente a una determinada, a la que consideramos la apropiada para este trabajo", argumenta Miguel Pérez.
El primer edil apostilla que "una vez adjudicado directamente este servicio de asistencia técnica hay que acogerse a las condiciones de un contrato en el que ya se explica que el pago a la empresa va a financiarse con un porcentaje sobre lo recaudado".
Incluso reconoce que el problema se originaría si la cantidad de propietarios interesados fuera tan importante que la suma de sus porcentajes del 20% para pagar a la empresa superara los 17.999 euros acordados. Si la tendencia es esa "tendríamos un problema y deberíamos buscar una fórmula alternativa o una segunda adjudicación del servicio –declara–, pero si se estuviera en condiciones de superar esa cantidad también significaría que tendríamos a muchos vecinos dispuestos a acogerse a este proceso de legalización, y eso es bueno".
Para incidir en esa fórmula por la que se abonan los 18.000 euros con el porcentaje que aporten los vecinos interesados, y sin que cueste nada al Concello, Pérez esgrime que es un mecanismo semejante "al usado en servicios como el de recaudación de determinados tributos, o al que se emplea para la gestión de plusvalías o para la recaudación de multas de tráfico".
Y termina diciendo que el tripartito creyó que la fórmula del "contrato menor" era la más acertada para acelerar el proceso y adjudicar el servicio directamente a Nimo Mezquita.
Cabe resaltar que la contratación de esa empresa se efectuó como "refuerzo" del servicio municipal de Urbanismo para tramitar los expedientes de legalización de construcciones y actividades sin licencia de acuerdo con la ley de ordenación urbanística de Galicia.