La millonaria reclamación patrimonial presentada en el Concello de Vilagarcía por María del Carmen González Quintáns, propietaria de un inmueble en la calle Rosalía de Castro, que pretendía reconvertir en un hotel de 5 estrellas, ha sorprendido tanto al actual gobierno municipal del Partido Popular, como a su antecesor, el socialista. Ambos aseguran que al Concello no le constan la petición de ninguna licencia para hotel alguno en Rosalía de Castro. En las dependencias municipales solo existe la petición de derribo de la casa, que fue aplazada por entender que debía estar protegida y, de hecho, Patrimonio la informó desfavorablemente.

El alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, indicó ayer que antes de decidir qué se va a hacer con respecto a esta reclamación, el gobierno local estudiará con los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento tanto el expediente de la obra como las repercusiones que puede tener tal reclamación.

Pero independientemente del análisis que se realice a nivel jurídico y técnico, lo que sí ha querido aclarar es que "en este Ayuntamiento no consta la petición de ninguna licencia para hotel alguno en la calle Rosalía de Castro. Licencia que, por lo visto, es el objeto de la reclamación de indemnización".

El máximo responsable del actual gobierno local expresa que "lo que sí existió fue una solicitud de licencia para demoler una casa, donde, por lo manifestado por sus solicitantes en los medios de comunicación, se pretendía hacer un hotel. Como el proyecto de este se desconoce, tampoco se sabe si ocuparía solo esa parcela o alguna más".

En cuanto al trámite realizado en el Concello para el derribo de la vivienda, desde Ravella se indica que la decisión política del anterior gobierno fue aplazar la concesión de esa licencia de demolición por entender que el edificio debía estar protegido en el catálogo de bienes a proteger. "De hecho, a solicitud de ese anterior gobierno, la Comisión Territorial de Patrimonio no solo informó desfavorablemente la demolición del edificio, sino que instó a las autoridades a incluirlo en el catálogo de bienes a proteger".

Recuerda el actual gobierno que posteriormente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio la razón a los propietarios en cuanto a que el Concello tenía que haber concedido la licencia de demolición, porque en el momento en que se pidió, el edificio no estaba catalogado y la concesión de licencias es una actividad reglada.

"Desde este punto de vista, la responsabilidad política del anterior gobierno parece clara. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la reclamación se hace sobre una licencia de un hotel de la que no existe constancia y un año después de la sentencia del TSXG sobre la licencia de demolición, el gobierno local está dispuesto, como no puede ser de otra manera, a abrir una vía de diálogo con los demandantes. Llegado el caso de un contencioso, y de que éste se perdiera, sería el momento de evaluar la exigencia de responsabilidades al anterior gobierno".

Por su parte, el Partido Socialista de Vilagarcía, que tuvo la responsabilidad en el área urbanística durante el gobierno bipartito anterior, además de coincidir con la afirmación de que no consta en el Concello la solicitud para construir hotel alguno en Rosalía de Castro, expresa que su gobierno estaba en trámites de incorporar el inmueble al catálogo municipal de bienes a conservar que acompaña al PXOM, cuando se presentó la solicitud de demolición.

"La voluntad del gobierno local fue evitar la demolición y proteger el inmueble de su desaparición. Tal demolición, además, contó con una resolución de la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Pontevedra que informa desfavorablemente sobre la demolición, señalando el interés del inmueble en cuestión teniendo en cuenta factores como el contorno histórico y arquitectónico de la zona y que la desaparición de un elemento contribuiría a empobrecer el conjunto", indican los socialistas vilagarcianos.

Estos añadieron que "finalmente y tristemente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a pesar de la resolución desfavorable de Patrimonio, les dio la razón a los propietarios y les autorizó la demolición del inmueble que procedieron de inmediato a derribar. Es conveniente matizar también que cualquier indemnización que pudiera corresponder a los propietarios deberá ser otorgada por una sentencia judicial, que también dictará, si procede la misma, la cuantía correspondiente. Motivo por el que los socialistas queremos dejar muy claro que no hay a día de hoy ninguna sentencia que condene al Concello a indemnización con seis millones de euros a los promotores de este proyecto".

Por último, los socialistas también plantean sus dudas sobre "el supuesto proyecto y la posible construcción de un hotel en la parcela señalada del inmueble ya derribado, teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de la parcela en la que parece complicado construir un proyecto de tal envergadura. Resulta de interés apuntar que la parcela colindante cuenta con un inmueble protegido y catalogado por Patrimonio, del que casualmente ya fue presentada en el Concello, por los mismos propietarios que en el primero de los casos, la solicitud de retirada del catálogo de bienes e inmuebles a conservar para poder derribarlo".