El acuerdo parece absoluto entre la Consellería do Mar, la de Facenda y el sector mejillonero. El PP lo había prometido en la campaña electoral de 2009, y tras llegar a la Xunta lo primero que hicieron la conselleira Rosa Quintana y su equipo fue cambiar el borrador existente e impulsar una nueva Lei de Pesca de Galicia. Aunque en la época anterior se había dicho que era imposible, en esa nueva legislación sí se contemplaba ya la posibilidad de "poner los contadores a cero", es decir, conseguir que los plazos para las concesiones de las 3.300 bateas gallegas volvieran a empezar a contar desde el principio.

Antes de hacerlo realidad se abrió una negociación que resultó dura, pues renovar las concesiones requiere modificar ciertas tasas y algunos bateeiros se negaban a pagarlas por "excesivas", a pesar de que se trata de apenas 274 euros anuales por cada batea, o lo que es lo mismo, menos de 23 euros al mes, o 70 céntimos diarios.

Acostumbrados a pagar solo 12 euros anuales por la lámina de agua, algunos bateeiros querían otros 30 años de concesión bateeira, pero se negaban a pagar por ello "semejantes cifras", por eso no ofrecían más que 17 euros mensuales.

Tras el mercadeo hubo acuerdo, y esta misma semana van a empezar a notificarse las renovaciones de las concesiones, que marcan el punto de inicio en diciembre de 2009, cuando se aprobó la Lei de Pesca. Y lógicamente van a imponerse los nuevos "precios".

Poner los contadores a cero, tal y como durante meses reclamaron algunos dirigentes del sector tildados de "locos" –calificativo empleado años antes con otros que reclamaron ayudas por el hundimiento del petrolero Mar Egeo en A Coruña–, significa que cada bateeiro tiene ahora un plazo de 10 años para explotar su parque de cultivo flotante.

Transcurrido ese periodo puede optar a una prórroga de la concesión, por 10 años más, e incluso va a tener otra oportunidad, hasta completar las tres décadas de vigencia. Y después ya se verá qué pasa, pero desde luego serán otros bateeiros y otros políticos los que tengan que negociar de nuevo.

Esto significa que las bateas van a estar en funcionamiento y que sus propietarios van a tener garantizado su negocio, al menos hasta 2039, salvo causa de fuerza mayor o algún desastre organizativo que nadie espera, pues en el sector creen que las cosas en este sentido ya no pueden ir peor que hasta ahora, de ahí que solo quede mejorar.

En las organizaciones productoras más importantes confirmaron a FARO que ya tienen en su poder el documento pactado con la Consellería do Mar, y lo han cedido para su análisis. En él se incide en que las bateas van a poder estar disponibles hasta el año 2039.

A esto se añade que "respecto al método de cálculo de la base imponible, en el caso de las transmisiones patrimoniales de las bateas debe liquidarse en la renovación de las concesiones, por lo que tras las reuniones con la Dirección Xeral de Tributos de la Consellería de Facenda y la Consellería do Mar, y una vez analizado el asunto en la Comisión do Mexillón, se determinó a petición del propio sector la estipulación de una base imponible común para todas las bateas, independientemente del polígono, que integra la valoración de las embarcaciones auxiliares y del artefacto (batea)".

Así las cosas, "la base imponible se fija en 68.420 euros (para un barco medio y una batea), lo cual deriva en una tributación de 2.736,80 euros por los diez primeros años de vigencia de la concesión, lo que reduce sensiblemente las cantidades establecidas en un primer momento".

En poder de los bateeiros está también el borrador de la resolución mediante la cual van a ponerse los contadores a cero. El documento resuelve "establecer como fecha de inicio de la concesión de actividad el 15 de diciembre de 2009, y como fecha de finalización el 15 de diciembre de 2019; esta concesión se valora en 68.420 euros y es susceptible de dos prórrogas por un periodo de diez años cada una de ellas, previa solicitud del concesionario en el plazo de los 60 días anteriores al vencimiento de la vigencia (...)".