La resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) tiene más de simbólico que de recaudatorio, pues 1,8 millones a repartir entre aproximadamente 2.300 bateas implicadas apenas supone 800 euros por cada parque de cultivo.

Y si se dividen los 900.000 euros de la multa a Opmega entre un millar de parques de cultivo que tiene esta organización, el resultado es de 900 euros por cada uno.

Visto así no parece mucho, pues el sector factura 120 millones de euros al año, y según la legislación, la sanción podría haberse elevado incluso hasta los 10 millones de euros.

Pero no es así, y aunque decir que es preciso pagar 800 euros por batea puede resultar una simplificación de lo sucedido, pues realmente no todas las entidades ni bateas tienen que pagar lo mismo, no es menos cierto que sirve para hacerse una idea de que el verdadero mensaje de la resolución de la CNC es el ejemplarizante.

¿La ruina?

A pesar de todo, algunos portavoces del sector, como Julián García Mouriño, aseguraban ayer que "esto es una ruina", y que si los mejilloneros tienen que pagar esa sanción muchas bateas tendrán que desaparecer.

Lo que no va a desaparecer tan fácilmente es la imagen proyectada por el sector en conflictos como el vivido en los muelles en 2008. Hay que recordar que se incendiaron grúas, se apedrearon camiones y barcos y se lanzaron artefactos incendiarios contra las sedes de los mejilloneros que se negaban a integrar la plataforma. La Guardia Civil recuperó algunos cócteles molotov e incluso sorprendió a diversos bateeiros "en acción".

No serán fáciles de olvidar los intentos de quemar un autobús o los sabotajes en barcos que estaban atracados en puerto, a lo que se sumaron las agresiones y las amenazas, pero también un desabastecimiento del mercado que contribuyó a emplear la situación de crisis que atraviesa este sector desde hace demasiado tiempo. Aquello incluso ayudó a abrir un poco más las puertas de los competidores.