La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) confirmó ayer la sanción de 1,8 millones de euros impuesta a quince entidades que aglutinan a prácticamente el 90% de las bateas gallegas y que estaban siendo investigadas por pactar precios y condiciones de distribución.

Pero al dar cuenta de su resolución, lo que hace la CNC es confirmar también que el Consello Regulador do Mexillón de Galicia participó de los movimientos ilícitos denunciados en 2009, y ahora sancionados.

La denuncia partió de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco) y se dirigió contra la Plataforma de Distribución del Mejillón Gallego (Pladimega); la central de ventas que algunos dirigentes del sector quisieron imponer a la fuerza a los demás en 2008 y que provocó graves disturbios en los muelles, donde se atacó, sobre todo, a las entidades que preferían seguir su camino sin formar parte de Pladimega.

El Consello, órgano que estaba llamado a ser el representante de todo el sector y que apenas representa a 3 de cada 10 bateas gallegas, participó activamente en el nacimiento e intento de imposición de Pladimega, tal y como constató la CNC. Se enfrenta, por tanto, a un nuevo problema que afecta a su credibilidad e imagen, y sucede cuando aún está por aclarar todo lo relacionado con la auditoría que colocaba al Consello en situación de quiebra técnica y cuando tampoco se reaccionó ante la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que bloquea la aplicación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mejillón de Galicia.

Es cierto que al Consello Regulador no se le sanciona, porque a diferencia de las asociaciones y agrupaciones bateeiras multadas este órgano no realiza operaciones de venta. Pero sí se deja claro que dicho Consello, antes presidido por el isleño Ramón Dios y ahora liderado por el rianxeiro Francisco Alcalde, participó de manera injustificada en los movimientos anticompetitivos detectados.

La resolución de la CNC hecha pública ayer considera acreditado "que al menos desde 1997 ha sido práctica habitual del sector, y en particular de las entidades asociativas mayoritarias la negociación para coordinar las condiciones de venta del mejillón".

Diversas estrategias

En este sentido, se advierte de que se realizaron estas prácticas "por diversos medios", entre ellos "reuniones del Consello Regulador y reuniones bilaterales o multilaterales, siempre con el fin de fijar precios y otras condiciones comerciales".

Las mismas entidades, abunda la CNC, "buscaron siempre organizar el reparto de pedidos y, en determinadas épocas de coordinación más fuerte, centralizar las ventas como mecanismos complementarios al sostenimiento de los precios fijados", y de ello son un ejemplo, tanto la central de ventas única (Cemega), que funcionó en 2006 y 2007, como Pladimega, que trató se imponerse en 2008.

La conclusión es que se llevaron a cabo actuaciones anticompetitivas, "en la medida en que su finalidad es fijar los niveles de precios de venta del producto y otras condiciones comerciales, así como establecer mecanismos de reparto de las ventas que contribuirían a mantener los precios fijados ante los clientes". Pero resulta que "la fijación de precios y el reparto de mercados son conductas que objetivamente distorsionan la competencia".

Por todo esto se sanciona a la Organización de Productores Mejilloneros de Galicia (Opmega), la entidad que preside Ignacio Lorenzo y que en su día colocó a Francisco Alcalde como presidente del Consello. Ahora tiene que abonar 901.518,16 euros. Más suave es la sanción para la Federación de Asociaciones de Arosa y Norte (FARN), con 479.000 euros.

Les siguen Agame, con 118.500 euros de multa; la cooperativa Amegrove, con una sanción idéntica; Asociación Illa de Arousa, con 42.000 euros y Socomgal, con una cantidad semejante. La Asociación Cabo de Cruz tiene que pagar finalmente 39.500 euros, mientras que a Cons do Udra se imponen 30.000 euros y a la Asociación A Boirense, 6.000.

La relación se completa con San Amaro (2.500 euros), Amevila (2.000), Egrome (1.600), Apromar (1.500), Seixo (1.000) y Xidoiros (600 euros de multa).