El responsable del sindicato CIG en el SVA, Xosé Henrique García Outeiral, y la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, eligieron Vilagarcía, como capital de la ría de Arousa, para denunciar que la nueva Ley Orgánica de Contrabando, que acaba de pasar al Senado, es una "invitación a delinquir", dado que reduce las condenas y amplía las cuantías. Otro de los problemas expresados por ambos se refiere a que sigue sin reconocerse a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera como policía judicial.
"La nueva ley, inicialmente creada para adaptar la normativa española a la Unión Europea, invita al contrabando. Ahora para que se considere delito tienen que superar los 150.000 euros cuando hasta la fecha son 18.000 euros. Para los bienes de patrimonio histórico, fauna y flora y objetos que puedan considerarse de tortura las cuantías se fijan en 50.000 euros como mínimo. En el tema del contrabando de tabaco hasta ahora se consideraba delito a partir de los 6.000 euros, la propuesta inicial del Gobierno fue de 30.000 euros y al final por una enmienda del BNG se rebajó a 20.000 euros", declaró el sindicalista.
Outeiral también expuso que la nueva legislación reduce las penas por narcotráfico, dado que las graves establecen de 3 a 6 años de cárcel, que pueden llegar hasta 9 años si el autor del delito es reincidente, se trata de una banda organizada o es el jefe de la misma.
"Estamos en una zona especialmente sensible porque hemos vivido el contrabando y el narcotráfico. Con la implantación de la nueva ley se hace una invitación a delinquir, facilitando un repunte de actividad en estos ámbitos", declaró el sindicalista.
Policía judicial
Otra de las batallas de los trabajadores aduaneros, del sindicato y de los representantes del BNG es el reconocimiento de los funcionarios del SVA como policía judicial. No entienden como a pesar del trabajo acreditado de colaboración en detenciones y aprehensión de droga siguen sin ser reconocidos oficialmente con esta catalogación. La consideración de este cuerpo como policía judicial le permite investigar posibles delitos, practicar detenciones y realizar registros. Una sentencia del Tribunal Supremo sí reconoció al SVA como policía judicial y también hubo autos posteriores que sentaron precedente. Ahora lo que se pide es que la nueva ley también lo establezca para evitar que los delincuentes se aferren a este vacío legal para cuestionar una detención.
La diputada nacionalista Olaia Fernández presentó una enmienda para que se reconozca al SVA como policía judicial, pero no fue incluida en el texto de la ley que acaba de ser aprobada en el Congreso con el voto en contra del BNG.
Fernández Davila declaró ayer en Vilagarcía que el BNG mantendrá las enmiendas en el Senado y además ella presentará varias iniciativas en el Congreso para que el Gobierno reconozca oficialmente al cuerpo aduanero como policía judicial. Una de las iniciativas será una pregunta sobre las razones por las que el Ejecutivo estatal se muestra reticente a reconocer la catalogación que permite la investigación y persecución del delito al SVA, a pesar de los logros demostrados en las diversas operaciones.
