Los funcionarios denuncian recortes de gasto en internet, folios y papel higiénico

MARIÑA FARIÑA - VILAGARCÍA Los funcionarios de Vilagarcía han saltado ayer a la palestra para expresar su malestar con las últimas decisiones que afectan al colectivo y denunciar a la vez la política de "amiguismo" que existe en el Ayuntamiento. La gota que colmó el vaso fue la restricción del uso de internet como medida colectiva, pero añaden que se han recortado gastos imprescindibles como los folios e incluso el papel higiénico.
Pero lo más grave, dice Rafael Barcala, presidente de la junta de personal y delegado de CCOO, es que algunos empleados llegan a hacer 213 horas al mes, lo que supone una media de casi 10 horas al día y, gracia a ello, algunos "llegan a ganar 10.000 euros al año de sobresueldo".
Rafael Barcala asegura en este sentido que estas horas extras suponen un coste de 376.000 euros del presupuesto municipal.
Con todos estos argumentos, los representantes de los trabajadores recuerdan que las medidas establecidas no se han hablado con los afectados, y que el Ayuntamiento toma decisiones sin una previa consulta.
La junta de personal considera que todas son "medidas improvisadas" por lo que entienden que la regidora socialista María Dolores García está haciendo "una mala actuación". Además acusan al gobierno de Vilagarcía de estar haciendo una campaña de "amiguismo", porque pese a los impagos por la escasez de fondos, los únicos que cobran "son sus conocidos".
Polémica con la red
Enc uanto a la polémica sobre la red, dicen que el concello vilagarciano prevé dotar a los edificios municipales de sistema wifi, una propuesta que los trabajadores ven contradictoria, ya que a ellos se les restringe internet. Pero sobre todo, señalan que la decisión de restringir el uso de internet va a ocasionar problemas a los vecinos: "Ahora los vilagarcianos tendrán que desplazarse a la capital para consultar el Catastro, algo que hacíamos aquí sin problema, gracias a internet", dice María José Martínez, delegada del CSIF.
La junta de personal niegaque sean 360 funcionarios los que tienen acceso a internet porque "sólo se conectaban quienes realmente lo necesitaban y no llegan a cien", explica.
La supresión de internet se justifica como una medida ante los ataques de virus que afectaban a los equipos informáticos, pero los trabajadores dicen que "acaban de colocar un nuevo programa antivirus, que debería ser efectivo". "No queremos pensar que hayan adquirido un programa de segunda mano a un amigo", explican los representantes de los trabajadores.
También denuncian otras anomalías como consecuencia de la política de ahorro emprendida por el Gobierno local. "Algunos compañeros soportan temperaturas de 30 grados, cuando lo máximo permitido es de 27. Los problemas con el aire acondicionado llevan semanas sin solucionarse. "Si tan mal trabajan los funcionarios, no se pasarían en un departamento a 30 grados haciendo sus funciones", señala María José Martínez.
Los funcionarios denuncian además recortes en gastos tan necesarios como el suministro de papel para la administración, el papel higiénico y de no arreglar el climatizador.
Los sindicalistas se quejan también de que desde hace más de 10 meses no cobran las horas extraordinarias, la nocturnidad, los domingos, el plus de locomoción y de querer reducir el precio de éstos hasta un 7,5%, cuando los políticos sólo se rebajan el 5% de la asistencia a plenos cuando estos "cobran bastante más que otro funcionario de su categoría", lamentan.
Hacia los tribunales
Por otra parte, las recientes declaraciones de la alcaldesa María Dolores García en las que aseguraba que los presupuestos municipales de 2010 eran ejecutables y "los más realistas del mandato" han añadido leña al fuego.
Los funcionarios aseguran que no se les paga con prontitud y que desde el consistorio se desprestigia su imagen y el trabajo que realizan.
Los casos anteriores en los que se recordaba que los funcionarios no usaban debidamente las nuevas tecnologías hicieron mucho daño al colectivo. "Si algún funcionario hace algo incorrecto que se le castigue individualmente. Lo estamos pagando todos y nos están manchando la imagen", aseguraba María José Martínez.
Los sindicatos todavía no han anunciado ninguna medida de presión si bien no se descarta llevarla a cabo si se les disminuyen sus derechos.
Lo que no están dispuestos a consentir es la discriminación salarial entre funcionarios de igual categoría.