El Tribunal de Cuentas nombra instructor para ampliar la investigación en Mexillón de Galicia

MANUEL MÉNDEZ - AROUSA El Tribunal de Cuentas, un órgano dependiente del Estado encargado de fiscalizar la actividad económica y financiera del sector público, no sólo admitió a trámite la auditoría realizada en el Consello Regulador do Mexillón de Galicia (CRMG), sino que tras escuchar a las partes ha decidido nombrar instructor y, por tanto, seguir adelante con la revisión de todo lo sucedido entre 2005 y 2009 en este órgano que entonces presidía el isleño Ramón Dios y que estaba llamado a ser el gran referente del sector bateeiro, aunque no lo ha logrado.
Hay que recordar que aquella auditoría detectaba importantes irregularidades, situaba al Consello en situación de "quiebra técnica" y hacía saltar todas las alarmas por los gastos originados por el anterior pleno del Consello Regulador.
Como se avanzó entonces, la empresa auditoria SACE constataba la "insolvencia" del Consello, porque "no dispone de activos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones", y además advertía de que quizás sea preciso devolver 1,2 millones de euros "indebidamente percibidos" por el CRMG en concepto de subvenciones y/o convenios.
A esto se sumaba que la plantilla de personal arrojaba un coste de 1,4 millones de euros en menos de cinco años y que el ex presidente percibió el 91% de los 118.748 euros pagados como dietas a los miembros del pleno, a lo que se añadían otros gastos.
La auditoría fue encargada por la Consellería do Mar a instancias del propio sector, que de este modo trataba de acceder a las cuentas que tantas veces había reclamado sin éxito a Ramón Dios.
Pero cuando FARO dio a conocer el resultado de aquel informe auditor algunos dirigentes del sector y el actual presidente del Consello, Francisco Alcalde, prefirieron preocuparse por saber quién había entregado el documento a este periódico en lugar de analizar el resultado de la fiscalización realizada.
Quizás por ello, cuando el Tribunal de Cuentas, a través de su Sección de Enjuiciamiento, decidió admitir a trámite la propuesta de fiscalización que le formuló la Xunta, también a instancias del sector y para cumplir con la legalidad vigente tras haberse detectado las presuntas irregularidades, el citado tribunal abrió un plazo de audiencia a las partes en el que, para su sorpresa, comprobó que el representante legal del Consello Regulador "no realizó alegaciones, a pesar de estar debidamente notificado".
Sí participaron en esas audiencias el representante legal de la Xunta de Galicia y el Ministerio Fiscal, y en ambos casos solicitaron el nombramiento de un instructor del caso para seguir adelante con las investigaciones.
Así las cosas, el Tribunal de Cuentas debe determinar ahora si los pagos, contrataciones de personal, gastos en dietas y obtención de subvenciones correspondientes a la actividad del Consello Regulador entre 2005 y 2009 se ajustan o no a la legalidad vigente.
En concreto, debe concretar si las decisiones tomadas por el anterior presidente y su equipo se ajustan a "los principios de legalidad, eficiencia y economía, en relación con la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos".
La función jurisdiccional del del Tribunal de Cuentas "consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren quienes tengan a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos".