"En el rural hay muchas parcelas ilegales que vamos a revisar de oficio", advierte el alcalde

MANUEL MÉNDEZ - O GROVE El nuevo capítulo del "caso Raeiros", escrito después de que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) ordenara la demolición de los 52 apartamentos de lujo situados en Balea (O Grove), ha destapado la caja de los truenos. El alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, anuncia una revisión de oficio de todas las parcelas del rural grovense que, como se cree que ocurrió con el complejo residencial amenazado de derribo, pudieron haber segregado la finca matriz para disponer de más parcelas en las que construir. Esa operación constituye una parcelación completamente prohibida por la ley del suelo en las zonas rurales.
El alcalde socialista de O Grove dice ser consciente de que "en el rural hay diferentes parcelas que fueron segregadas de facto y que, sin embargo, recibieron licencia municipal de construcción durante la etapa de Miguel Pérez al frente de la Alcaldía (1999-2007), por eso hemos decidido intervenir y revisarlo absolutamente todo con ayuda de los servicios técnicos y jurídicos del Concello".
Indivisibles
Convencido de que "en la época de Miguel Pérez se hicieron muchas cosas mal, y sobre todo muchas parcelaciones de facto en fincas del rural que son completamente indivisibles", José Cacabelos advierte de que este proceder es, quizás, "el delito más grave que se puede cometer contra la ley del suelo".
Añade que ya hace tiempo que había planteado la posibilidad de realizar esta investigación, "pero lo sucedido con la urbanización de Raeiros hace más necesario que nunca este proceder, por eso vamos a actuar de oficio y a revisar las fincas, sobre todo en zonas como Reboredo, Balea y San Vicente do Mar".
Opina que es un trabajo complejo y que "hay mucho por hacer", pero considera que "la Administración está obligada a actuar de este modo".
A este respecto, sostiene que "este gobierno actúa siempre en defensa de los intereses generales y yo, como alcalde, trato de hacer cumplir la ley, aunque algunos no lo acepten y prefieran perseguirme políticamente".
Pero José Cacabelos cree que su proceder "es muy diferente a la actitud mostrada por el ex alcalde del PP, pues aunque en el caso Raeiros fue la Xunta la que concedió la licencia definitiva, no hay que olvidar la responsabilidad que tuvo el Concello en aquella época".
Lo que quiere decir es que "Pérez tenía que haber resuelto el expediente de caducidad de la licencia que se había entregado en 1992, y no lo hizo".