El Abogado del Estado decide personarse en la causa con jurado contra Jaime Maiz

Reclama el importe de las pensiones que perciben los hijos de la víctima

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Jaime Maiz Sanmartín, en su comparecencia en Cambados  // I.Abellla
Jaime Maiz Sanmartín, en su comparecencia en Cambados // I.Abellla 

REDACCIÓN - O SALNÉS El Abogado del Estado ha decidido personarse como acusación particular en la causa por jurado que se sigue contra el ex guardia civil, Jaime Maiz, tras dar muerte de un tiro a su ex pareja sentimental, María Luz Posse, en el interior del cuartel de Cambados hace algo más de dos años.
La petición del Abogado del Estado se registró el pasado 23 de febrero y se justifica en razón de las pensiones de orfandad que perciben los tres hijos de la fallecida como consecuencia de que fue víctima de un delito de violencia de género.
El escrito al que ha tenido acceso FARO DE VIGO, expone que el Ministerio de Economía y Hacienda ha concedido sendas ayudas económicas a los tres hijos de María Luz Posse Fernández, a los que considera "víctimas indirectas del fallecimiento de su madre".
El Abogado del Estado que lo suscribe, Juan José Vázquez Seijas, acompaña a su escrito "sendas resoluciones de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, al amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual".
Dichas resoluciones, explica el Letrado, "comportan la subrogación del Estado en los derechos que pudieran reconocer a los perjudicados, en concepto de responsabilidad civil derivada del delito, hasta el importe satisfecho".
De ahí que el Estado haya decidido personarse como "parte perjudicada por el delito, en relación con las eventuales responsabilidades civiles".
Por otra parte, la Xunta de Galicia también estudia personarse como acusación, si bien hasta este momento no formalizó dicho trámite.
Jaime Maiz Sanmartín permanece en libertad provisional hasta la celebración del juicio como consecuencia de una discrepante interpretación judicial sobre la prórroga de prisión.

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