A.M. - CAMBADOS
Las obras de instalación del aire acondicionado en el edificio judicial de Cambados vuelve a provocar las protestas de los profesionales.
Así, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, Juan Carlos Carballal, ordenó ayer el aplazamiento de todas las pruebas que se iban a practicar e incluso mandó desalojar el juzgado.
El motivo es que al llegar ayer por la mañana a las oficinas se encontraron con que éstas estaban en un estado de limpieza poco recomendable.
Fuentes consultadas indican que la empresa contratada por la Xunta de Galicia para instalar el aire acondicionado empezó a abrir los huecos en las paredes y los techos para pasar las conducciones del aire, pero que el viernes por la tarde, al acabar su trabajo, se fueron sin limpiar la suciedad originada por las obras.
Eso motivó que el juez del número 2 –según parece, donde se sitúan las dependencias más afectadas– mandase a los funcionarios desalojar las dependencias, al entender que no reunían las condiciones mínimas de salubridad laboral, y ordenó también la suspensión de las pruebas que se iban a practicar.
Una de ellas era la toma de declaración al alcalde de O Grove, José Cacabelos, que fue denunciado por un empresario de la construcción por un presunto delito de prevaricación al adjudicar una obra, y que estaba prevista para las diez de la mañana.
Hubo junta de jueces
Además, los responsables de los cuatro juzgados de Cambados celebraron una reunión a primera hora de la tarde para valorar los pasos a dar, y evitar que las obras del aire acondicionado vuelvan a interferir en el normal funcionamiento del juzgado. No han trascendido los acuerdos de esta junta de jueces, por lo que los profesionales recomiendan a los ciudadanos que tengan previsto acudir hoy al juzgado a realizar cualquier trámite que confirmen antes si las dependencias están en funcionamiento, y si tendrán lugar los juicios fijados.
Para ello, pueden llamar por teléfono al juzgado, o consultarlo con sus abogados.
La instalación del servicio de aire acondicionado –muchas veces demandado por los trabajadores de la sede judicial– tiene un presupuesto de más de 300.000 euros, que costea la Xunta de Galicia.
No es la primera vez que estas obras originan protestas, pues ya antes de que empezasen los funcionarios se quejaron de que nadie había hablado con ellos para pactar el desarrollo de las obras, de modo que éstas no molestasen ni a los profesionales ni a los ciudadanos.
Tras las primeras protestas, la Xunta de Galicia asumió una serie de compromisos, como que el grueso de las tareas se harían por la tarde, y que los operarios limpiarían las oficinas afectadas por el polvo y los escombros al final de cada jornada.
Parece ser que el incumplimiento de esta condición fue lo que motivó ayer el malestar de los jueces cambadeses.
También se interesó por lo sucedido el delegado sindical de los funcionarios por parte de la CIG, Xaquín Charlín, que en su día solicitó a la Xunta de Galicia una copia del plan de trabajo, como paso previo al inicio de las obras. Esta previsto que éstas se prolonguen hasta el inicio de la primavera.
El gobierno autonómico también ha aprobado un proyecto para la instalación de aire acondicionado en el edificio de los juzgados de Vilagarcía.
