MANUEL MÉNDEZ - AROUSA
La amenaza que constituye para Galicia el nuevo método analítico de biotoxinas marinas que trata de imponer la Comisión Europea (CE) llegó al Parlamento. La conselleira de Mar, Rosa Quintana, intervino para reclamar el apoyo unánime de toda la cámara en esta lucha que desde hace meses mantienen la propia Administración y los mejilloneros.
Los nuevos análisis, como se explicó en tantas ocasiones, van a multiplicar los cierres de bateas y bancos marisqueros a causa de la presencia de biotoxinas marinas, pero eso no implica una mayor protección para la salud pública, que sin embargo sí parece garantizada con el sistema biológico empleado en Galicia desde hace décadas.
Ese es el mensaje que quiso lanzar Rosa Quintana: frenar las nuevas analíticas y defender las actuales. Está en juego uno de los motores económicos de Galicia, destacó la conselleira en su intervención, en la cual animó a los parlamentarios de todos los grupos "a formar parte de la defensa a ultranza que la Xunta, en colaboración con el Estado y el propio sector, hacemos de la producción de nuestras rías".
Con esta comparecencia, Rosa Quintana daba un nuevo paso en la estrategia de la Xunta, convencida de la conveniencia de crear un grupo de presión europeo que haga valer los intereses gallegos.
En este sentido, apeló a la importancia de establecer "una alianza firme" con el sector, para que sean los mejilloneros y mariscadores, como interesados y primeros perjudicados, "los que lleven directamente a Bruselas sus consideraciones".
Se refería, sin citarla, a esa gran asociación de ámbito europeo que tratan de impulsar los bateeiros gallegos, quienes parecen tener en la unión de fuerzas la única herramienta posible frente a todas las amenazas que pesen sobre el sector, pues de lo contrario "estarán en peligro más de 12.000 empleos –se refiere exclusivamente a los bateeiros–, tirando por tierra entre 250.000 y 300.000 toneladas de producción y provocando la pérdida de más de 130 millones de euros anuales", espetó Rosa Quintana.
Y lo dijo así porque, como ya se explicó en ocasiones anteriores, todos los informes indican que los nuevos análisis europeos integran un método "precipitado y que carece de base científica para su implantación, ya que ni siquiera está validado".
Esa ausencia de validación científica supone un riesgo añadido, sobre todo para la salud pública, pero es que, además, la comunidad internacional podría no dar por válido el nuevo método, y eso, dicho de una forma muy simple, dejaría colgado en las bateas todo el mejillón gallego.
Como hizo en Bruselas, durante las múltiples reuniones mantenidas por la propia conselleira y su gabinete, Rosa Quintana abundó ayer en las bondades del sistema empleado en la actualidad, que sí ofrece garantías plenas al consumidor y sí está científicamente testado.
También se refirió a la votación del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, realizada el día 17. Como se explicó tras aquella reunión, sólo España votó en contra de las nuevas analíticas, lo cual deja a Galicia con el agua al cuello.
En cuestión de meses los representantes políticos en Bruselas deben votar el mismo asunto que el día 17 votaron los científicos, y todo indica que, de nuevo, el método que propone la CE saldrá victorioso, por lo que estaría en funcionamiento en la primavera de 2010.
Hasta entonces, y a pesar de las malas perspectivas existentes, van a seguir las acciones de presión, "y Galicia volverá a demandar del Estado que vote en contra y que recabe apoyos en otros países miembros", concluyó la titular de Mar.
