El sector puede reclamar una moratoria de cuatro años o emprender acciones legales

La más que posible imposición de un nuevo sistema analítico de las biotoxinas marinas lleva al sector mejillonero a estudiar diversas acciones, casi a la desesperada, para tratar de frenar ese sistema que "con tantas prisas"defiende la Comisión Europea. Una de las opciones que están sobre la mesa es denunciar la aplicación del nuevo sistema en los tribunales de justicia, pues se considera que el método propuesto podría ser ilegal, ya que puede entrar en vigor sin estar previamente validado.

Posible ilegalidad
En este sentido,la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) indica que"se nos propone aceptar un método que todavía no ha sido objeto de validación, por lo que aún no se conoce con seguridad su validez, a pesar de que ésta es una condición que se tiene que cumplir siempre,en cualquier tipo de análisis". En caso de aplicarse "puede incumplirse la legislación vigente, pues en ella se especifica claramente que se podrá sustituir el método actual cuando los métodos alternativos hayan sido validados",y no es así.

"Plazo de adaptación"
Otra posibilidad es reclamar una moratoria o plazo de adaptación de cuatro años, es decir, solicitar a la UE que el sistema químico propuesto no empiece a desarrollarse hasta 2014 o que, en caso de entrar ya en vigor, lo haga progresivamente y de manera compatible con el actual método biológico. De este modo habría tiempo suficiente para la validación científica de las nuevas analíticas y mientras conviven con el bioensayo actual sería posible determinar si el sistema químico es realmente eficaz y si,como se teme,puede provocar la desaparición del sector productor.

Presión social Una tercera opción es la presión social. En las reuniones de bateeiros empieza a hablarse de la posibilidad de organizar una gran movilización, que podría tener lugar en Madrid o Bruselas, para presionar a los políticos antes de que el pleno del Parlamento Europeo tome la decisión definitiva sobre la aplicación del nuevo sistema.

Si todo esto falla, si la UE sigue adelante e impone el nuevo método, Galicia puede reclamar que, como mal menor, esos restrictivos análisis se apliquen también a la importación, es decir, que países como Chile, Perú o Filipinas estén igualmente obligados a someterse a las mismas analíticas,pues con el planteamiento actual mientras al mejillón europeo se le aplican todos los "filtros" habidos y por haber, el llegado de terceros países pasaría las fronteras sólo con los métodos actuales.

Terceros países
En las alegaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición presentadas ante la UE, por ahora sin éxito, se hace constar, precisamente, que"es de vital importancia que las mismas normas que se apliquen a los Estados miembros se extiendan a las importaciones de terceros países, debido a que el cambio de método se propone aludiendo a razones de seguridad alimentaria".