MANUEL MÉNDEZ - AROUSA
La Comisión Europea (CE) sigue adelante con sus planes e intenta imponer un nuevo sistema analítico de biotoxinas marinas –causantes de la popularmente conocida marea roja– que no está científicamente validado y que incluye parámetros mucho más restrictivos que el actual método biológico. De aplicarse ese nuevo criterio podrían producirse “gravísimas consecuencias en la salud de los consumidores”, advierte la Xunta.
FARO DE VIGO ha tenido acceso a un informe elaborado por la Consellería de Mar y firmado por Covadonga Salgado, directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), un centro de referencia de reconocida solvencia mundial que determina la calidad de las aguas y los productos en Galicia para que estos lleguen al consumidor en perfectas condiciones, algo que se ha logrado durante las cinco últimas décadas con el método analítico actual, el que quiere cambiar la CE. En ese documento, dirigido a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y a los países miembros, se advierte del riesgo que para la salud pública entraña un sistema “que se implantaría como método de referencia sin previamente haberse probado, validado y comprobado su adecuación a los programas de control”.
De este modo la Xunta, con el aval y el respaldo de los bateeiros, cofradías, cocederos y depuradores, trata de frenar las pretensiones de la CE y pide que se vote en contra del nuevo método en la reunión a celebrar mañana en el comité europeo de seguridad alimentaria y animal.
La advertencia
De cara a ese encuentro, Covadonga Salgado advierte, y recalca, que “una sustitución equivocada de un método de referencia que se ha mostrado eficaz para la protección de la salud pública (el de bioensayos) por otro no verificado en los mismos términos podría tener gravísimas consecuencias en la salud de los consumidores”.
Los argumentos que maneja Galicia, y que la Xunta pide que asuma el Estado central, son contundentes. Y es que para aceptar un sistema alternativo al actual método de referencia (biológico) para biotoxinas marinas lipofílicas –entre las que se encuentra la popular toxina diarreica (DSP)–, la propia normativa europea exige que se garantice “un nivel equivalente de salud pública”, que se desarrolle el nuevo método de acuerdo a un protocolo internacionalmente acordado y que existan materiales de referencia fácilmente disponibles para los análogos de la toxinas a controlar.
“Prevalidación”
Sin embargo, con la propuesta que ahora amenaza a Galicia se eliminan las alusiones equivalentes a “protección de la salud pública” y se dice que las características del nuevo método serán establecidas en base a datos de “prevalidación” o de “validación interna”, e incluso se elimina la necesidad de disponer de materiales de referencia.
Es decir, que la metodología que se propone no respeta la actual normativa europea, “por lo que estamos asistiendo a un cambio precipitado e injustificado de la legislación en vigor para rebajar los requisitos legales exigibles en la actualidad a los métodos alternativos”, sostiene la Xunta.
Esto es tanto como decir que se intenta aplicar criterios o controles más restrictivos pero, por el contrario, esos criterios y controles nacen viciados en origen, pues incumplen la legislación existente. O lo que es lo mismo, que el nuevo método pretende exigir una rigurosidad que éste no tiene.
Dado que el borrador del texto legal que debe amparar los nuevos análisis dice que será “en el futuro” cuando se valide el método, se disponga de patrones y se definan los criterios de eficacia, se está reconociendo implícitamente que el método propuesto carece hoy en día de fiabilidad “y se está vulnerando el principio jurídico universal de que las normas son posteriores a los hechos que las justifican”, sentencia Covadonga Salgado.
Para que se entienda mejor puede decirse que en lugar de definir el método analítico y aplicarlo sólo después de ser verificado por un protocolo internacionalmente aceptado, lo que se quiere es imponerlo en base a criterios de prevalidación o validación interna, sin necesidad del protocolo internacional que exige la ley.
El mensaje final es que si algo funciona –como los análisis actuales– no hay por qué cambiarlos, y menos aún si el nuevo método no garantiza mayor salubridad e incluso crea inseguridad jurídica.
