La Xunta reduce personal y programas del Consorcio de Igualdade e Benestar

M.G. - VILAGARCÍA Las trabajadoras de las sedes pontevedresas del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, situadas en Vilagarcía, Marín, Gondomar, Porriño y Lalín, han expresado su malestar y preocupación por el reciente anuncio de la Xunta de Galicia de eliminar los programas de familia e infancia llevados a cabo por esta entidad y así poner en la calle a 61 de las 104 empleadas distribuidas en las 18 delegaciones de las cuatro provincias.

La escasa información les ha llegado a través del comité de empresa y, al parecer, la reducción de personal podría hacerse efectiva a partir de diciembre. En principio, las trabajadoras afectadas son las que llevan los programas de familia e infancia, aunque existe incertidumbre sobre el mantenimiento de las 18 oficinas en las que también se llevan a cabo programas de inclusión.

El plan de inclusión social está acogido a un programa que cuenta con financiación de la Unión Europea hasta el año 2011, por lo que se supone que va a continuar tal y como lo ha establecido hasta ahora el Consorcio Galego.

Este programa es el único de los que llevaban a cabo las oficinas comarcales del Consorcio que cuenta con una partida económica en los presupuestos autonómicos de 2010. Los otros dos han desaparecido de los planes del próximo ejercicio económico.

Desde la dirección del Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar se ha informado a la representación sindical de las trabajadoras del Consorcio de que los planes de familia e infancia se van a llevar a cabo directamente desde la Consellería con el fin de ahorrar costes para destinarlos a ampliar la partida económica de Dependencia.

Las trabajadoras del Consorcio entienden la necesidad de la Xunta de ampliar la partida para Dependencia, pero puntualizan que no debería ser a costa de programas sociales que ya están en marcha.

Los problemas del personal del Consorcio se vienen arrastrando desde el principio. Tras pasar varias pruebas de selección al estilo oposiciones, el anterior gobierno bipartito les hizo contratos laborales "por obra y servicio" en lugar de ajustarlos al período de vigencia de los programas a desarrollar 2009/2011, por lo que se denunciaron estos contratos irregulares.

El nuevo gobierno autonómico, a través de la secretaria xeral de la Consellería de Traballo, recientemente puso en cuestión la funcionalidad de las oficinas del Consorcio y acusó a las trabajadoras de haber sido elegidas a dedo por el anterior gobierno. Ahora se anuncia la reducción del 60% de la plantilla y se desconoce el futuro de las restantes compañeras.

Por este motivo el martes las trabajadoras se encerrarán para protestar en las oficinas del Consorcio en Santiago y el día 24 de este mes está prevista una huelga general en contra de los despidos.