A.M./U.F. - CAMBADOS
Una espectacular caravana formada por tres turismos camuflados y un furgón de la Guardia Civil cruzó Cambados a las 11,15 horas de la mañana de ayer con las sirenas encendidas y a gran velocidad. Se dirigía a los juzgados y trasladaba a las siete personas arrestadas desde el martes en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales a los que el juez les había prorrogado la detención.
La gente observaba curiosa los acontecimientos, dentro de la cafetería o debajo de sus paraguas, y unos minutos después varios de los arrestados salían del furgón policial a cara descubierta. Así comenzaba la última jornada de la primera fase de la instrucción judicial de una operación que se saldó con diez detenciones. Finalmente, tras escuchar las conclusiones del fiscal y de los abogados defensores, el juez Juan Carlos Carballal ordenó el ingreso en prisión de cuatro personas.
Se trata del presunto cabecilla de la organización, José Lafuente Martínez, “Pepe”; su esposa, María Dolores Torres Casal; un sobrino de “Pepe”, Eladio Lafuente Abalde; y un músico profesional, Benigno Santos Chantada, “Nino”, considerado un testaferro de la banda. Al parecer, estos son los cuatro individuos que tenían acceso directo a las cuentas bancarias que el grupo poseía en Bahamas, Ginebra (Suiza) y Oporto (Portugal). Lafuente dispondría también de acceso a cuentas en Argentina y las Islas Caimán.
Mejor suerte corrieron otros dos imputados, Rafael L.A. –otro sobrino de “Pepe”– y J.F.T., que a primera hora de la tarde pudieron salir libres después de que sus familiares pagasen sus respectivas fianzas. En el caso de Rafael L.A., su padre tuvo que abonar 6.000 euros.
El séptimo imputado que pasó ayer por Cambados fue E.P.J. Al final quedó libre, pero debe presentarse cada quince días en el juzgado. El miércoles pasado, el juez ya había dejado libres a otras dos mujeres, y el hombre arrestado en Cataluña a media semana ya ni siquiera figura como imputado.
Mientras tanto, siguen trascendiendo datos sobre la trama supuestamente dirigida por Lafuente. Así, fuentes conocedoras del caso sostienen que su patrimonio podría incluso llegar a los 20 millones de euros, entre el dinero que tenían en las cuentas bancarias y los bienes.
Al parecer, “Pepe” también posee algunas propiedades en Bahamas y en Bogotá (Colombia), ciudad en la que pasó mucho tiempo durante los últimos años, y donde los responsables de esta operación sospechan que establecía sus contactos con los cárteles colombianos de la droga. En esta operación sobre el patrimonio de “Pepe” se encontraron numerosas cuentas bancarias –en Ginebra por ejemplo las había tanto con dinero como de las llamadas “cuentas puente” con las islas Caimán y Bahamas– y al parecer se comprobó que cuando la organización quería enviar una cantidad muy elevada de dinero a través de empresas de transferencia al extranjero –como Western Union–, repartían el envío entre varias personas para no sobrepasar el límite máximo permitido por operación.
En cuanto a las personas que quedaron libres, se supone que eran las encargadas de ingresar el dinero en diversas cuentas, de realizar transferencias internacionales y de viajar al extranjero para recoger partidas de dinero.
El juez mantiene contra los nueve imputados los cargos por presuntos delitos de blanqueo de dinero, asociación ilícita y tráfico de drogas. En el caso de Lafuente Martínez, el juez Carballal también quiere procesarle por tenencia ilícita de armas, debido al arsenal que ocultaba en el zulo encontrado bajo la mesa de billar de su vivienda de Sisán (Ribadumia).
Esta operación empezó a gestarse hace tres años, y es el fruto de la colaboración entre el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, el titular del Juzgado número 2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, y el fiscal especial antidroga, Marcelo Azcárraga.
En las últimas horas, el juez ha ordenado el embargo de los bienes patrimoniales y de las cuentas bancarias españolas vinculados al grupo, y también ha solicitado a las autoridades judiciales extranjeras el bloqueo de las cuentas que Lafuente tendría en Portugal, Suiza, Argentina y las Bahamas.
Peticiones de la familia
La defensa de la familia Lafuente solicitó para María Dolores Torres el arresto domiciliario. El argumento del abogado es que la mujer de José Lafuente se limitaba a cumplir órdenes de su marido, que no se atrevía a cuestionar, y que además desconocía la finalidad de los viajes y recados que “Pepe” le exigía que hiciese. Además, el letrado recuerda que la pareja tiene dos hijos de corta edad, y opina que enviar a la cárcel a la mujer podría ser un golpe muy duro para los niños.
No obstante, el juez rechazó la petición, pues teme que la mujer aprovechase el arresto domiciliario para realizar operaciones bancarias o destruir pruebas documentales que pudiesen obstruir la investigación. Dolores Torres tenía una alta capacidad adquisitiva. Clienta preferente de establecimientos comerciales de lujo, adoraba las joyas y algunas joyerías abrían para ella incluso en domingo.
Finalmente, a la familia de Lafuente tampoco le ha gustado la actuación policial durante el registro de la casa de Sisán, pues consideran que fue desmesurada y que provocaron unos daños materiales excesivos.
