REDACCIÓN - VILAGARCÍA
La ronda de declaraciones de los responsables de entidades bancarias que firmaron los préstamos puente para la adquisición de viviendas de la promotora catoirense "Seiseme" volvió a concentrar a los supuestos estafados a las puertas de los Juzgados de Vilagarcía, a mediodía de ayer.
Los afectados reclaman una actuación más ágil de la Justicia pues muchos de ellos se enfrentan a un grave problema económico con amenazas de embargos de salarios y bienes, e incremento de intereses de los créditos que en su día suscribieron para adquirir la vivienda.
Las movilizaciones que llevan a cabo frente a las dependencias judiciales se volverán a repetir cada vez que se desarrolle una diligencia judicial con el objetivo último de concienciar tanto a las autoridades judiciales como bancarias respecto a cómo afrontar de forma digna su "dramática" situación.
Denuncian que en su día solicitaron préstamos puente de entre 30.000 y 120.000 euros como entrada para unas viviendas en terrenos que continúan a barbecho a día de hoy o que ni siquiera fueron adquiridas por la promotora inmobiliaria.
Insisten en que muchas de las casas que compraron sobre plano no cuentan ni con licencia de obra y, en algunos casos, ni siquiera un proyecto visado oficialmente.
Aunque atribuyen la responsabilidad absoluta al promotor, también entienden que las entidades financieras que han concedido el dinero han incurrido asimismo en el despropósito de concederlo sin pedir ningún tipo de garantías respecto a la ejecución de los proyectos.
Los damnificados indican que se han presentado un total de cien demandas si bien el número de personas que se encuentran en idéntica situación es de otras 300 más.
Por su parte, la empresa Seiseme sostiene que sólo se ha interrumpido la construcción de viviendas de aquellos propietarios que no resultaban solventes.
De todos modos, los clientes de Seiseme que ayer se volvieron a manifestar en Vilagarcía afirman que aquella oportunidad que se les presentaba para adquirir una vivienda ha trastocado absolutamente sus vidas.
Ahora se encuentran con la necesidad de hacer frente a pagos desorbitados "por un dinero que se encuentra en la cuenta corriente de los socios de Seiseme".
"El dinero que entregamos no fue a una cuenta especial como sería preceptivo sino a la cuenta corriente de la empresa", explican los manifestantes.
Recuerdan que muchas de las víctimas no podrán hacer frente a los pagos que les exigen ahora las entidades crediticias. "No tenemos ni el dinero ni la propiedad", se lamentan unos y otros.
Por eso consideran que se debe suspender el concurso de acreedores abierto.
