FÁTIMA FRIEIRO - VILAGARCÍA
El Concello de Vilagarcía ha incrementado la presión sobre los dueños de los edificios en ruinas que afean y ponen en peligro a los viandantes en el centro de la capital arousana. Así lo dio a conocer el responsable del departamento de Xestión do Territorio, Marcelino Abuín, que recuerda que el gobierno local sólo posee las multas coercitivas como herramienta para presionar al propietario a arreglar los desperfectos. Aún así, estas no parecen tener el efecto esperado, al menos no en todos los casos. Uno de los primeros edificios en ser sancionados, ubicado cerca de la playa de A Compostela, continúa haciendo oídos sordos a la presión ejercida desde la administración local y, según afirma Marcelino Abuín, acumula cerca de 7.000 euros en multas.
Peligrosidad
El edil de Xestión do Territorio incide en que el gobierno local tiene que velar en todo momento para que los edificios no sean un elemento peligroso para los viandantes, pero insisten en que en ningún caso ellos pueden obligar de forma tácita al propietario a arreglar los desperfectos.
El edificio carrilexo, pese a ser uno de los que acumula más sanciones, no es el único que está siendo vigilado por la administración local. En total hay abiertos más de una veintena de expedientes en todo el municipio a edificios que no cumplen con la nueva normativa de inmuebles y que, además, "afean" la imagen de la ciudad.
Marcelino Abuín explica que, en algunos casos como en el inmueble ubicado en la zona de O Castro, el propietario respondió en un primer término a las presiones del Concello. De hecho, a día de hoy continúa levantado el muro de seguridad a la espera de que se autorice la remodelación total del inmueble por parte de Patrimonio de la Xunta.
Varios expedientes
Desde Xestión do Territorio mantienen al día la lista de viviendas que, sólo a primera vista, no cumplen con la normativa vigente en cuanto a mantenimiento. A día de hoy más de una veintena de propietarios han sido comunicados por casos semejantes al de Carril o al de O Castro. El procedimiento de actuación es siempre el mismo. El Concello ofrece un plazo mínimo para que el dueño del edificio afectado proceda a la mejora del mismo. Si este no lo hace vuelve a comunicarle su obligación, pero esta vez con una multa coercitiva que irá aumentando a medida que pasen los meses y si la situación no se solventa.
No es la primera vez que edificios del centro y de la periferia sufren desprendimientos de las fachadas ocasionando trastornos importantes para los ciudadanos. Una situación que el Concello intenta impedir con las sanciones económicas.
