El inminente cierre de la oficina de la ONCE en Vilagarcía, ubicada en la calle López Ballesteros, deja en entredicho el futuro laboral de 45 personas adscritas a esta entidad. Así lo manifestaron ayer fuentes del sindicato Comisiones Obreras que hoy mismo se movilizarán ante la sede central de la organización, en A Coruña.
Según el sindicato, el motivo del cierre de la oficina en la capital arousana se debe al alto coste de mantenimiento que impide a la organización mantener la actividad durante más tiempo. De momento no hay fecha exacta para el cese de la actividad en este punto concreto aunque sí se sabe que la medida repercute directamente en los empleados no sólo de Vilagarcía, sino también de toda su área de influencia que va desde A Estrada hasta O Grove.
CC OO señala que es previsible que de las 45 personas afectadas por esta nueva medida, 44 sean trasladadas a Pontevedra mientras que la restante podría irse a la calle mediante un despido negociado.
Lo cierto es que, pese a que previsiblemente no perderán sus empleos, la calidad de vida de los afectados se verá, según señala el sindicato, tremendamente mermada, un apunte aún más grave dada la condición de discapacitados de los mismos.
Bajos salarios
El cierre de la entidad no es el único problema al que tienen que enfrentarse los empleados. Según Comisiones Obreras la organización prevé medidas drásticas que afectarán directamente al bolsillo de sus asalariados. El sindicato denuncia los múltiples despidos que, presuntamente, se llevarán a cabo sin tener en cuenta los condicionantes en cuanto a discapacidad de los propios afectados.
CC OO aclara que la empresa invoca la "baja rentabilidad" para justificar sus medidas a las que también se suman una reducción en el salario de un 30% para todos los vendedores de nuevo ingreso.
Comisiones Obreras ha puesto el grito en el cielo y señala que las medidas que está adoptando la ONCE no sólo en Vilagarcía, sino en todo el territorio autonómico son "totalmente antisociales"
El sindicato echa mano de hemeroteca y denuncia que estas medidas sean adoptadas por directivos "que cobran remuneraciones millonarias" y que, además, "perciben en el pasado año una subvención de 71 millones de euros del erario público para equilibrar el balance y las cuentas anuales".
Presión
El sindicato insiste además en que ejercerá las medidas de presión que sean necesarias para que se escuchen sus reivindicaciones y, sobre todo, para evitar el cierre de una entidad que, aunque muchos no lo conozcan, afecta a un número importante de trabajadores.
Lo que los sindicatos desean es que, al menos, se abra una mesa de negociación entre todas las partes implicadas para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos, aunque insisten en que tanto el cierre de las oficinas como la reducción del salario en los contratos de nuevo ingreso son medidas "inasumibles" si tenemos en cuenta que hablamos de una entidad que, según ellos, predica sobre una "misión institucional".
