La alcaldesa agiliza los trámites de las obras de la casa cuartel

REDACCIÓN - VILAGARCÍA La alcaldesa de Vilagarcía, Dolores García Giménez quiere que las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil comiencen antes de diciembre y, por ello, ha dado, los primeros pasos encaminados a la segregación de los terrenos y el pago de los primeros 50.000 euros del convenio suscrito con el Ministerio del interior.
Así, el Consello de la Xerencia de Urbanismo acaba de aprobar en su última reunión la segregación de los terrenos municipales de O Piñeiriño en los que se situarán las nuevas dependencias del instituto armado, actualmente ubicadas en un obsoleto edificio tras el ambulatorio de San Roque.
El Ayuntamiento avanza de este modo en los trámites legales necesarios para materializar el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril con el Ministerio del Interior y que permite, no sólo dotar de instalaciones adecuadas a la Guardia Civil, sino que también supone un importante beneficio para la Administración municipal que, a cambio de los terrenos, obtiene la titularidad definitiva del edificio y pabellón de la antigua comisaría de policía, en la calle de Castelao.
El Ministerio del Interior va a construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil en una parcela propiedad del Ayuntamiento situada entre O Piñeiriño y las instalaciones deportivas de Fontecarmoa. Debido a que los terrenos municipales exceden las necesidades del Ministerio fue preciso llevar a cabo la segregación de los mismos, con el objeto de, una vez registradas las fincas de forma individual, poner a disposición de Interior los 7.665 metros cuadrados que precisan para ejecutar el proyecto.
El siguiente paso consiste en la publicación de la segregación en el BOP y a continuación debe ser aprobado el cambio de uso del solar por el Pleno de la Corporación pues en la actualidad se destina a usos deportivos, a la vez que dar el visto bueno a la permuta de dichos terrenos por el edificio de la calle de Castelao.
El gobierno local recuerda que el proceso avanzó tras la reunión que mantuvieron en abril en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado, la alcaldesa y el concejal de Xestión do Territorio, Marcelino Abuín con el secretario general, Gonzalo Jar Couselo.
En dicha reunión se estableció que la permuta debería equilibrarse con una valoración económica entre ambas propiedades, trabajo que se realizó en este medio año transcurrido.
El resultado es que el Ayuntamiento de Vilagarcía debe compensar al Ministerio con los 172.000 euros que existen de diferencia entre el valor de los respectivos inmuebles.
Según explicaron ayer en fuentes municipales, el gobierno local ya ha avanzado en este aspecto ya que en el Pleno de hoy se contempla una modificación de crédito que permite abonar al Ministerio un primer plazo de 50.000 euros.
Según explicó en su día el secretario general, la idea para la nueva casa cuartel de Vilagarcía puede verse reflejada en la que existe en Pontevedra, en dimensiones proporcionadas con la población de influencia.
La principal compensación para Vilagarcía es la cesión en propiedad del edificio de la vieja comisaría de policía, muy bien situada en el centro urbano y que en estos momentos ya está siendo utilizada para actividades deportivas y otras sociales.
Las citadas instalaciones eran muy codiciadas por los distintos departamentos municipales debido a que ya se encuentran adecuadas para la práctica de distintos deportes, especialmente por escolares.
La alcaldesa ya señaló en su día que la obtención de este edificio por el simbólico precio de 180.000 euros resultaba un verdadero negocio para el patrimonio municipal.
Por otra parte, cabe señalar que la aceleración del proyecto del nuevo edificio de la Guardia Civil permite mantener las expectativas futuras de que dicho cuerpo armado continuará en la capital arousana, pese a que se trata de un servicio que no tiene jurisdicción en la localidad, ya que existe una comisaría de la policía nacional y un cuerpo de policía local.
De ahí la pugna que quiso establecer en su día el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, quien defendía que el edificio se construyese en su término municipal.
Al final imperó el criterio de las familias de los agentes del instituto armado que prefieren la actual ubicación.