El empresario acusado de estafa culpa de los hechos a una empleada

C. G. - PONTEVEDRA José Mario D. C., administrador único de la empresa con sede en Ribadumia Construcciones y Reformas Salnés en 1998, rechazó ayer tener conocimiento de que esta firma hubiera emitido letras de cambio falsas por valor de 557.000 euros a distintas empresas en el año 1998 y culpó de los hechos a la administrativa de la empresa a quien los informes periciales señalan como la persona que estampó varias firmas falsos en estos documentos.
Durante el juicio, celebrado ayer en la Audiencia, José Mario D. C. aseguró que no tuvo conocimiento de que las letras estuvieran falsificadas hasta que conoció este informe pericial hace 3 meses. Aseguró que hasta esa fecha mantuvo su total confianza en esta empleada quien, hoy se supo durante el juicio, era también la dueña de la empresa con el 100% de las acciones.
La sorpresa para los asistentes al juicio llegó cuando declaró esta mujer, Susana F. V., quien se autoinculpó y aseguró que realizó las falsificaciones de las facturas por "iniciativa propia" para salvar a la empresa de la mala situación económica en la que se encontraba, según testificó. Añadió que sólo se lo confesó al acusado meses más tarde, cuando la situación era ya insostenible.
No obstante, el fiscal no se cree esta versión de los hechos ya que la confesión se produce ahora que el delito al que se podría enfrentar esta mujer ha prescrito. Por el contrario, en su día declaró en el juzgado que había elaborado estas falsificaciones por orden del acusado. El fiscal no tiene dudas de que se trata de una estratagema de la Defensa para evitar la condena del procesado. Por eso mantiene su petición de 7 años de prisión para José Mario D. C. por un delito continuado de falsedad documental y otro de estafa. A su juicio, el resto de pruebas apuntan a que José Mario D. C.no sólo conocía la estafa sino que fue él quien ordenó realizar estas falsificaciones ya que "era la única persona en la empresa que tenía los conocimientos para hacerlo". El Ministerio Fiscal se reservó la posibilidad de emprender acciones legales contra la testigo que se autoinculpó por estos hechos, además exigirle la responsabilidad civil (por los perjuicios causados de más de 150 millones de pesetas) que todavía no han prescrito. Algunas de estas cantidades han sido ya devueltas por el acusado.
En total se falsificaron cerca de 60 letras de cambio por obras que no existían (la mayoría de ellas hacia OPSA, empresa que tenía subcontratada a Coresa) que se presentaron ante 8 bancos diferentes.
OPSA, con sede en Madrid, sufrió numerosas dificultades a raiz de esta supuesta estafa hasta el punto de no poder acceder a créditos durante dos años y tener que renunciar a grandes obras por falta de financiación.