MANUEL MÉNDEZ - AROUSA
La conselleira de Mar, Rosa Quintana; el director xeral de Competitividade e Innovación, Juan Carlos Maneiro; y la directora xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, Sagrario Pérez, reunieron de urgencia a dirigentes del sector mejillonero para informarles de las pretensiones de la Comisión Europea, que encargó un estudio de las biotoxinas marinas en el que se plantea imponer un sistema de análisis de la marea roja mucho más restrictivo que el actual y que, a la postre, multiplicaría el cierre de bateas.
A grandes rasgos, y para que se entienda, la propuesta europea pasa por reducir prácticamente a la mitad los niveles mínimos de detección de las biotoxinas, es decir, que los cierres de las bateas se decretarían con unos índices de fitoplancton portador de biotoxinas mucho más bajos que ahora.
Lo que quiere la Xunta, tanto desde Mar como en Sanidade, es mantener los controles actuales, pues considera la propuesta de la UE "mucho más restrictiva" y, desde luego, arriesgada para el sector mejillonero.
Con los análisis actuales hay polígonos bateeiros que permanecen cerrados durante 200 ó 300 días al año, en campañas especialmente intensas para la marea roja. A modo de ejemplo, la ría de Pontevedra está cerrada desde marzo. En caso de aplicarse las medidas restrictivas que plantea la UE, los cierres podrían prolongarse ininterrumpidamente en algunas rías durante todo el año, y quizás por más tiempo, por lo que bateas afectadas dejarían de ser rentables y muchas de ellas estarían abocadas a la desaparición.
"Lo que queremos dejar claro es que las analíticas que plantea la UE no deben aplicarse, y vamos a trabajar para impedir que así sea", esgrimieron ayer los representantes de Mar y Sanidade ante los bateeiros reunidos en el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), con sede en Vilaxoán (Vilagarcía).
"No estamos en absoluto de acuerdo con la propuesta de la UE y así queremos transmitirlo al sector", apostillan en la Xunta, donde saben que el dictamen europeo puede ser "impuesto por la fuerza" desde Bruselas, "pero confiamos en que esto no ocurra y vamos a mantenernos firmes, con apoyo del sector".