La Audiencia exime de responsabilidad a Pérez y Aguín en el caso de las listas vascas

MANUEL MÉNDEZ - O GROVE Miguel Ángel Pérez García, presidente del PP de O Grove, y Alexandre Aguín Castro, su número dos, parecen quedar definitivamente al margen del proceso judicial abierto por el denominado “caso de las listas vascas”, aquel que se refiere a la existencia de vecinos grovenses que, sin su consentimiento, aparecían como candidatos en las listas que los conservadores del País Vasco confeccionaron en las elecciones de 2007.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cambados ya archivó hace meses la causa abierta contra los dos dirigentes del PP local, lo cual hizo que el gobierno cuatripartito de O Grove, liderado por el socialista José Cacabelos Rico, tomara la decisión de presentar un recurso ante la Audiencia de Pontevedra para que se mantuviera la imputación de Pérez y Aguín.

De vuelta a Cambados
Sin embargo, la sala provincial también ha decidido frenar esta línea de acción, rechaza el recurso del Concello de O Grove y devuelve el procedimiento al Juzgado de Cambados para que continúe con las diligencias, tratando de averiguar quién y por qué falsificó nombres de falsos voluntarios para elaborar las listas del PP vasco.
En este sentido, cabe recordar que, como avanzó FARO el pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional decidió anular la sanción que por este mismo asunto había sido impuesta al PP desde la Agencia Española de Protección de Datos.
Los conservadores habían sido instados a pagar 60.101 euros porque la Agencia de Protección de Datos los consideraba responsables de haber utilizado públicamente nombres de personas que no habían dado su consentimiento.
Pero la Audiencia Nacional esgrimió que no tenía sentido haber impuesto aquella multa antes de que se resolviera el proceso judicial, por eso anuló la sanción económica advirtiendo de que, de lo contrario, se estaba juzgando el caso de las listas vascas por dos vías o procesos paralelos.
Así pues, la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Cambados, la tomada por la Audiencia Nacional y la dictada ahora por la Audiencia Provincial de Pontevedra eximen a Pérez y Aguín de toda responsabilidad en este polémico asunto, el cual, hay que insistir, sigue adelante con Jesusa Otero como única imputada, para determinar si los hechos que se les atribuyen son constitutivos de un presunto delito de falsedad documental.

Daños y perjuicios
Miguel Pérez y Alexandre Aguín no quisieron hacer valoraciones sobre la última sentencia de la Audiencia Provincial, a la espera de analizarla en detalle, aunque tienen la intención de pronunciarse públicamente hoy. Sin embargo, fuentes próximas al PP señalan que los asesores jurídicos del partido estudian ahora la posibilidad de reclamar daños y perjuicios, “pues han sido muchas, y muy duras, las acusaciones lanzadas contra Pérez y Aguín”.
Lo que sí parece que pedirán los populares, aunque sea a título anecdótico, es que el Concello de O Grove les abone el coste de sus abogados. Lo harán así porque “cuando el Concello de O Grove decidió recurrir la sentencia del Juzgado de Cambados lo hizo alegando que era su obligación defender a los vecinos de O Grove, y en este caso queda claro que nuestros compañeros Miguel Pérez y Alexandre Aguín, además de ser grovenses, también son inocentes en todo este proceso, de ahí que puedan exigir su derecho a ser defendidos por su Concello o atendidos por la Administración local igual que se atiende a los demás ciudadanos”, sentencian en el PP meco.