La Comisión Mixta promueve que los bienes incautados a los "narcos" puedan venderse antes de que haya sentencia

La iniciativa del Bloque intenta evitar la devaluación de los mismos

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Pazo Baión es uno de los bienes que subastó el Fondo.
Pazo Baión es uno de los bienes que subastó el Fondo.  I. Abella

REDACCIÓN - VILAGARCÍA La Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de las drogas aprobó en la tarde de ayer, por unanimidad, instar al Gobierno a adoptar las medidas de actuación precisas que permitan la gestión y destino de los bienes intervenidos al narcotráfico antes de las sentencias judiciales.

El acuerdo, promovido por la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, se basa en que de este modo se evita la pérdida de valor "que se produce si se demora su venta hasta la integración en el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas".

La Comisión aprobó la moción de Fernández Davila aunque con la incorporación de la coletilla "respetando los derechos de los imputados", lo que sirvió para alcanzar la unanimidad de los integrantes.

En su intervención en la Comisión, Davila subrayó que la lucha contra el narcotráfico en Galicia "que partió con la Operación Nécora a inicios de los años 90, supuso la confiscación de muchos bienes, como lujosos pazos, mansiones, barcos y modernas planeadoras que permanecen en un estado de abandono ante la saturación o falta de decisión de los juzgados".

Añadió que se trata de unos bienes que se adquirieron "con dinero procedente del narcotráfico y que debe revertir socialmente en las personas con drogodependencias".

Insiste Davila que estos fondos deben "destinarse a la lucha contra los efectos de la droga como compensación por sus nefastas consecuencias".

La parlamentaria nacionalista afirmó que es cierto que con la Ley de Drogas de 2003 "se creó un Fondo de bienes decomisados y una vez que las sentencias son firmes pasan a ser gestionados".

Pero, a la vez, añadió que "hablamos del deterioro que sufren los bienes incautados mientras no se produce un pronunciamiento judicial". Se trata de que los jueces "puedan seguir la misma tramitación y el mismo curso que cuando existe sentencia judicial". Afirma que son muchos los fiscales y juristas especializados que consideran que la incautación y gestión adolecen de muchos problemas en las fases previas"

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