M.G. - VILAGARCÍA
La alcaldesa de Vilagarcía, Dolores García Giménez, avanzó a los concejales de la corporación municipal en el pleno celebrado ayer que en el plazo máximo de quince días van a comenzar los trabajos de aportación de arena para las playas de A Concha-Compostela.
La regidora hizo estas declaraciones en respuesta a una interpelación formulada por el concejal del PP, Jesús Pérez Arca. Según García, ayer por la mañana mantuvo una conversación telefónica con una directiva de Costas en Madrid quien le confirmó que ya estaban preparados los áridos procedentes de la desembocadura del río Miño con destino a las playas de Vilagarcía y que sólo está pendiente la planificación del sistema de transporte. Los áridos que se van a recibir constituyen la primera fase de la regeneración de los principales arenales vilagarcianos.
Por su parte, el concejal de Xestión do Territorio, Marcelino Abuín, explicó a la corporación que acaban de adjudicarse los trabajos de regeneración del parque de la Playa de Compostela, que se financia con cargo al plan Arousa XXI. A estas actuaciones se suman las planificadas por el comité de playas municipal sobre la mejora de las señalizaciones y equipamientos con el fin de poder volver a solicitar la bandera azul.
Sin embargo, Abuín reconoció que la principal dificultad para conseguir esta distinción radica actualmente en que la zona incumple la actual ley de Costas sobre edificaciones; una situación que consideró muy difícil de solucionar.
Uno de los primeros asuntos del pleno de ayer fue la toma de posesión de Rocío Llovo del Río del cargo de concejala del Partido Popular, que ocupa el puesto vacante tras la renuncia de Juan Maneiro. El ex-edil, que ahora ocupa una dirección xeral en la Consellería do Mar estuvo presente entre el público siguiendo la mayor parte de la sesión plenaria.
Tras la incorporación de la nueva concejala, la alcaldesa dio cuenta a la corporación municipal de la renuncia de la edil de IU, Patricia Rey Davila, quien ha dejado su cargo por razones laborales. El siguiente de la lista de IU, Mariano Ibáñez, también renuncia para dar paso a otra mujer en este grupo municipal, Dolores Cuevas, quien ayer siguió el pleno entre el público.
La corporación, con los votos a favor de PSOE y BNG, la abstención del PP e IVIL y voto en contra de IU, aprobó inicialmente el reglamento de régimen interno de la escuela infantil municipal. El documento se va a someter a exposición pública para la presentación de alegaciones, aunque los grupos de la oposición ya formularon las suyas en el pleno.
También por mayoría, en esta ocasión con el apoyo del PP, se aprobó de forma provisional la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la utilización de la escuela infantil municipal, expediente que va a ser sometido a información pública.
Los temas más polémicos de la jornada fueron los relacionados con el urbanismo y la fiscalización de la intervención municipal.
En el primero de los casos se propuso la denegación del plan de sectorización de Tomada da Cruz, en la parroquia de Cornazo. La propuesta del grupo de gobierno se basaba en los informes negativos y vinculantes expresados por la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia.
El portavoz del PP, Tomás Fole, señaló que existían contradicciones entre los informes técnicos y dijo que el dictamen autonómico le parecía ambiguo. Estas manifestaciones fueron rechazadas por el concejal de Xestión do Territorio quien recordó a Fole que el informe de Urbanismo, independientemente de sus argumentaciones, deja claro que es desfavorable.
El portavoz de IU, Juan Fajardo, abogó por las decisiones políticas frente a los informes técnicos, en tanto que el edil socialista Marcelino Abuín replicó que es cierto que se trata de una decisión política pero condicionada a los informes técnicos. La denegación del plan de sectorización fue acordada con los votos del PSOE, BNG e IU frente a la abstención del PP, en tanto que Rivera Mallo se ausentó del pleno en este punto.
Si en el asunto urbanístico se creó polémica, el asunto más debatido por la corporación en el pleno de ayer, y que contó con la votación más ajustada fue la propuesta de implantación de la fiscalización previa limitada. El asunto cuenta con el informe favorable de la secretaria municipal y con el desfavorable de la interventora.
El objetivo de esta propuesta, según señalaron los concejales del grupo de gobierno, es agilizar la tramitación de expedientes. El portavoz del BNG, Xosé Castro Ratón, llegó a afirmar que esta actuación es para aliviar "la encomiable labor de la interventora y agilizar los expedientes", rechazando en todo momento las sospechas de la oposición sobre la disminución del nivel de fiscalización de los asuntos. Enfatizó en que con la fiscalización previa limitada se busca agilidad, eficiencia y rapidez en la respuesta y que el control está garantizado porque además de la fiscalización posterior de Intervención está la del Consello de Contas.
Las críticas llovieron desde las bancadas del PP y de IU cuyos ediles desconfían de la labor del equipo de gobierno. Finalmente el asunto fue aprobado con el voto de calidad de la alcaldesa.