Perdidos en el mar burocrático

REDACCIÓN - VILAGARCÍA Manuela Outeiral Fandiño y su esposo Ramón Barreiro Blanco son una pareja de Bamio que se dedica a la pesca artesanal de bajura desde hace años. El pasado año la mujer se vio obligada a recurrir a una baja médica debido a una enfermedad y cuando la mujer recibió el alta médica a principios del mes de marzo no pudo acudir a su trabajo al carecer de certificado médico, lo que le hizo perder días de trabajo.

El reconocimiento médico es inexcusable para poder volver a enrolarse, condición indispensable para trabajar en el mar y exigencia de Capitanía Marítima.

Sin embargo, la cita fue para casi un mes después de haber recibido el alta, lo que le impidió trabajar durante más de tres semanas. Al no haber sido ella la responsable de esta tardanza en la tramitación de la cita, solicitó al Instituto Social de la Marina (ISM) que se le abonasen esos días en los que no pudo acudir al mar como si fuese una baja médica, tal y como entiende que está contemplado en la Ley.

Su sorpresa ha sido que lo único que recibe por parte de la Administración son largas y excusas, asegurándosele desde esa administración que su alta médica es del 6 de marzo y que a partir de ese día podía trabajar perfectamente.

La afectada remitió entonces un escrito al ISM haciéndole ver que en Capitanía Marítima no le permitieron enrolarse hasta que se le realizó el reconocimiento médico, por lo que entiende que se le deben abonar los 11 días que la Ley contempla para este tipo de casos. "En caso contrario, entiendo que la próxima vez debo ir a trabajar con la carta del alta médica y sin enrolar", argumentó.

A esta última solicitud, no ha recibido respuesta oficial de ningún tipo, pese a que la burocracia le está perjudicando de forma considerable.

Su marido aseguraba ayer que se desplazó recientemente a la delegación del ISM para tratar de buscar una solución y que le abonen a su mujer los 11 días que ha estado parada por cuestiones burocráticas. Pero se ha encontrado con que "no me solucionan nada y lo que me dicen es que me vaya a un abogado y reclame por vía judicial los 400 euros que le corresponden a mi esposa".

Aunque no descarta recurrir a ello, lo cierto es que tanto él como su mujer están cansados de las vicisitudes a las que le está obligando la administración y que "la única salida que se nos ofrece es recurrir a la vía judicial, que se va a llevar bastante más que los 400 euros que le corresponden a mi esposa".