Condenan a 10 años a uno de los imputados en la "Tabaiba" por un alijo de cocaína de 2005

Se trata de José Ángel Vázquez Agra, un cambadés que el domingo ingresó en prisión tras declarar en Cambados por su presunta relación con la red del "Patoco"

 
José Ángel Vázquez Agra, al fondo, y Víctor Rodríguez, durante el juicio en Pontevedra.
José Ángel Vázquez Agra, al fondo, y Víctor Rodríguez, durante el juicio en Pontevedra.  Gustavo Santos

A.M. - AROUSA

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de condenar a diez años de prisión a José Ángel Vázquez Agra, un vecino de A Cabana (Cambados) de 29 años de edad, que fue relacionado por la Policía Nacional con un cargamento de 50 kilos de cocaína intervenido en Meaño en julio de 2005.

Vázquez Agra, sobrino del patriarca del clan de los Piturros –aunque durante el juicio en Pontevedra él renegó tajantemente de esta vinculación– también está imputado en la segunda fase de la operación Tabaiba, y de hecho prestó declaración en Cambados el pasado domingo. Tras el interrogatorio, la juez Irene Roura ordenó su ingresó en prisión.

José Ángel Vázquez Agra fue detenido a mediados de la pasada semana por su presunta relación con la organización de narcotransportistas de Manuel Abal Feijóo, Patoco.

A pesar de que la sentencia de 10 años de condena por la droga aparecida en julio de 2005 en Meaño ya es de principios de febrero, Vázquez Agra se encontraba en libertad en el momento de su detención puesto que el fallo judicial está recurrido, y su abogado insiste en la inocencia del procesado.

El recurso por la condena de la Audiencia Provincial todavía no se ha resuelto, pero Vázquez Agra ya está en la cárcel de A Lama porque la juez de Cambados le considera uno de los integrantes de la organización de narcotransportistas contra la que se dirigió la segunda fase de la Tabaiba.

En la causa de 2005 por la que acaba de ser juzgado en Pontevedra también aparece como procesado Víctor Javier Reboeiras Rodríguez, un hombre de 30 años nacido en Venezuela pero residente en San Miguel de Deiro (Vilanova), y que también ha sido condenado a diez años de cárcel, aunque su defensa también ha recurrido el fallo.

A ambos se les imputa un delito contra la salud pública y además los magistrados piden para los dos arousanos una multa de 3,1 millones de euros y les obliga a correr con las costas del juicio.

Los hechos que se juzgan se remontan a principios de julio de 2005, cuando la Policía sorprende a Víctor Reboeiras saliendo de un garaje de Dena (Meaño), con un Volkswagen Golf en el que se encontraron ocultos 50 kilos de cocaína.

La Policía le había seguido, y parece ser que el procesado entró en el garaje, que se encuentra en el sótano de un edificio. Posteriormente, los agentes escucharon varios ruidos que identificaron con la apertura y cierre de cremalleras, la retirada de cintas adhesivas y el movimiento de objetos pesados. Según la sentencia, poco después, Víctor Rodríguez salió del lugar con el coche, momento que aprovecharon los agentes para abordarle.

En ese momento encontraron dos mochilas en el interior de un compartimento secreto situado detrás de la placa de matrícula trasera, dentro del cual había 50 kilos de cocaína.

Tras el análisis químico se determinó que la pureza de la droga era de un 71 por ciento, y que la cocaína intervenida habría alcanzado un valor de 1,5 millones de euros en el mercado. La Policía y el Juzgado número 3 de Vilagarcía –responsable de la primera instrucción del caso– procesaron a Víctor Rodríguez ya que están convencidos de que éste conocía la existencia de cocaína dentro de las mochilas –aunque el vilanovés lo negó–. Por otra parte, se imputó a José Ángel Vázquez Agra pues era el propietario del garaje del que supuestamente salió la cocaína incautada. En la primera fase de la operación sólo se detuvo a Víctor Rodríguez, y ocho meses después, en abril de 2006, arrestaron a Vázquez Agra.

Argumentos de las defensas

Los abogados de los imputados plantearon varias alegaciones al proceso. En primer lugar, solicitaron la nulidad de los registros domiciliarios, al entender que se vulneró un derecho fundamental de las personas –la inviolabilidad del domicilio– ya que entienden que el registro se autorizó sin que la Policía tuviese datos suficientes sobre la existencia de un delito.

Este auto fue desestimado por los magistrados, al entender que un garaje no tiene la consideración de domicilio o vivienda, y que la Policía sí disponía de algunos indicios sobre los que sostener el registro. Durante la instrucción, Vázquez Agra intentó desligarse de la cocaína afirmando que le había alquilado el garaje a Víctor Rodríguez, y que además él en esa época se encontraba en Bélgica, presentando a dos testigos que así lo corroboraron.

Víctor Rodríguez, por su parte, efectuó declaraciones diferentes, ya que mientras en una exculpaba a Vázquez Agra, en otra alegó que el cambadés le había encargado que recogiese unas mochilas y que las llevase hasta el aparcamiento del puerto de Portonovo, donde las recogería él posteriormente, y que por lo tanto desconocía el contenido de las bolsas de deportes. Ninguno de los dos procesados tiene antecedentes penales, y lamentan la gran tardanza en celebrarse el juicio, al pasar casi cuatro años.

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