Los directivos de Barrañamar culpan a Figueira y Maneiro del estado del cocedero

Los imputados en la querella interpuesta por un socio de la empresa declararon ayer en Ribeira

 
Interior de un cocedero de mejillón asentado en la ría.
Interior de un cocedero de mejillón asentado en la ría.  J.L.Oubiña

REDACCIÓN - AROUSA Los imputados en la querella presentada por un socio de la Agrupación de Mexilloeiros Amebarraña contra la directiva del cocedero Barrañamar responsabilizaron ayer de la situación de la sociedad a los sucesivos gerentes que ha tenido la empresa en los últimos años, entre los que se encuentran Javier Figueira y Juan Maneiro, así como al ex presidente de la agrupación de mexilloeiros, ya fallecido, Juan José Martín. Por el juzgado de Ribeira que instruye el caso desfiló ayer todo el consejo de administración del cocedero, que aseguraron que estos eran los que sabían la situación en la que se encontraba la empresa en el registro mercantil, dando validez a las sucesivas ampliaciones de capital que realizó la empresa desde su puesta en marcha en 1997, y que su principal misión era solventarlo.

Las declaraciones de los imputados se centran de manera especial en el que fue presidente de Opmega con el que se habría iniciado un proceso de auditoría de las cuentas que nunca se llegó a concretar.

Una de las cuestiones en las que incide la acusación particular es en que desde el año 1997 no se presentan las cuentas de la entidad ni se formalizan los nombramientos del consejo de dirección ante el registro mercantil. Sin embargo, desde ese año se han recibido millones de euros en subvenciones, una actuación extremadamente dudosa. De hecho, se calcula que la entidad recibió entre un 40 y un 50% del valor del cocedero desde la Administración. También durante este período se acometieron varias ampliaciones de capital de la sociedad que no constan en el registro.

La demanda que ahora se instruye en los juzgados de Ribeira tiene su origen en una asamblea celebrada en febrero en la que se solicitó a los socios una aportación económica de casi 300.000 euros para hacer frente a una ampliación de capital y cubrir los gastos generados por el cocedero. El demandante entiende que el cocedero pidió fondos a sus asociados, parece que en varias ocasiones, para ampliar capital, a pesar de que desde 1997, presuntamente, esta firma arousana no depositó las cuentas en el Registro Mercantil, no otorgó ningún tipo de escritura pública y no modificó en sus estatutos la cifra de capital social, lo cual es obligatorio.

Los demandantes argumentan que desde el año 1997 la hoja registral de la sociedad está cerrada en el Registro Mercantil, puede que sin que los socios lo supieran. A pesar de ello, Barrañamar S.L. habría recibido subvenciones y establecido contratos con bancos, que en el caso de las operaciones más importantes llegaron a pedir que fueran avaladas por la firma de la totalidad de socios.

Las operaciones de ampliación de capital, como las supuestamente impulsadas por el cocedero Barrañamar, requieren del acuerdo mayoritario de los socios, certificado bancario de aportación de fondos, otorgamiento de escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil y modificación de los estatutos de la entidad para corregir la cifra original del capital social e introducir la resultante de la ampliación. En la demanda también se afirma que durante la última década se fueron aprobando las cuentas anuales, que eran leídas en asamblea, pero sin entregar a los socios documento alguno, lo que unido a otros hechos denunciados puede revestir características de delito a ojos de los abogados del denunciante, “por cuanto las cuentas anuales están falseadas por no reflejar la realidad jurídica”.

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