El balneario de la playa de Compostela podría salir de la situación de abandono en la que se encuentra al llegar a un principio de acuerdo el gobierno municipal de Vilagarcía y la representación legal de los actuales concesionarios. La solución pasaría por una nueva oferta pública de las instalaciones que incluya una compensación a los actuales concesionarios.

Los concejales Marcelino y Rosa Abuín explicaron al comité de playas, en el que participan las concejalías de Xestión do Territorio, Turismo y Limpieza, además de otros departamentos técnicos del Concello, el resultado de la reunión celebrada hace unos días con los representantes legales de Placomsa, la actual concesionaria.

El caso es que los socios de Placomsa están enfrentados entre sí y a su vez con el Concello de Vilagarcía, como consecuencia de la aprobación por parte de la corporación municipal en el año 2003 de la resolución de la concesión y su rescate.

Dado que la situación actual no conviene a ninguna de las partes, en la reunión celebrada con la representación legal de Placomsa se abrió una vía de solución que pasa por la convocatoria por parte del Concello de Vilagarcía de un nuevo concurso para la explotación de las instalaciones del Balneario.

Los actuales concesionarios estarían dispuestos a aceptar soluciones intermedias para acabar con el conflicto. Se baraja desde un pago por la nueva concesionaria, hasta un pago fraccionado, sin descartar otras posibilidades.

La fórmula legal para sacar a concurso nuevamente la concesión de estas instalaciones será estudiada en los próximos días por los servicios jurídicos del Concello y posteriormente trasladada a los socios de Placomsa.

El gobierno municipal espera desbloquear así el conflicto para que el Balneario de la playa de Compostela, construido hace ya medio siglo, vuelva a recuperar su antiguo esplendor como uno de los referentes de la oferta turística municipal.

La actual concesión tiene vigencia hasta el año 2034. Fue hace seis años, en 2003, cuando la corporación municipal, por unanimidad de todos los grupos políticos, decidió iniciar el proceso de resolución de la concesión a la vista del incumplimiento del convenio por parte de la concesionaria, cuyos socios ya estaban entonces enfrentados. A pesar de la moratoria que se les dio para que el establecimiento reiniciara la actividad, ésta no fue posible por lo que el proceso continuó su tramitación. Desde entonces a los problemas entre los socios se sumaron las reclamaciones contra el Concello por la discrepancia de la valoración económica del rescate.