El dilema está servido tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Pontevedra que da la razón al sindicato CIG (Confederación Intersindical Galega) en que la convocatoria para cubrir dos plazas de policía portuaria y un administrativo fue irregular al no haberse publicado el anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Javier Gago, presidente del Puerto de Vilagarcía, considera que el fallo judicial va a tener unas consecuencias directas sobre las tres personas que ganaron la plaza allá por el mes de octubre que, o bien deberán presentarse a una nueva oposición o esperar cuatro o cinco años a que falle el Supremo acerca de la situación.
Por ello, es pronto para valorar las consecuencias reales de una sentencia que puede afectar al resto de los puertos de España, ya que en todos, la convocatoria de oposiciones se lleva a cabo del mismo modo, es decir a través del respectivo anuncio en un periódico, en el tablón de anuncios y en la página web.
Es más, el Boletín Oficial del Estado impidió en una ocasión al Puerto de Santander utilizar esta plataforma para publicar un anuncio de idénticas características al entender que el periódico estaba destinado sólo a los funcionarios civiles del Estado pero no al personal laboral, como establece la Ley de 2003, que pronto será modificada.
Estos argumentos son los que sorprenden a Javier Gago quien pregunta cuál es el motivo espúreo que movió a la CIG a impugnar esta convocatoria, a la vez que recuerda que dos de los aspirantes a la plaza están afiliados a este sindicato por lo que son los principales perjudicados.
De todos modos, Javier Gago espera todavía un informe del Abogado del Estado con el fin de determinar si conviene o no recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia.
Cabe señalar que el Abogado del Estado presentó en el juicio celebrado en el Contencioso de Pontevedra certificados de distintas Autoridades Portuarias de España en las que reconocen que emplean el mismo procedimiento de convocatoria de selección de personal así como la resolución del BOE denegando la publicación de un anuncio idéntico al puerto de Santander.
Por ello, Gago reconoce que sería "muy interesante" que el procedimiento judicial siguiera adelante con el fin de llegar a conocer el pronunciamiento del Supremo acerca de la situación, con el fin de sentar jurisprudencia al respecto.
De todos modos, el Puerto está dispuesto a realizar una nueva convocatoria con los requisitos exigidos en la sentencia del Contencioso y así los exámenes volverían a realizarse en un plazo de tres o cuatro meses, a lo sumo.
Javier Gago dice que está dispuesto a enviar el anuncio al Boletín del Estado con una copia de la sentencia de Pontevedra con el propósito de que se publique en dichos términos.
Cabe señalar que en el Boletín Oficial del Estado mantienen la tesis establecida por la Ley 48/2003 que fija que sólo se publicarán aquellas convocatorias que afecten a los funcionarios civiles del Estado sin hacer referencia a los laborales. El magistrado pontevedrés aplicó la analogía para establecer el criterio que apuntó la CIG en la demanda presentada en su día.
En el supuesto de que alguna de las partes decida recurrir la sentencia que acaba de ser dictada, en el plazo legal de cinco días, el procedimiento será mucho más lento y podría implicar a los tres trabajadores una espera de cuatro o cinco años. Eso sí, si les es favorable, los tres que han superado la prueba ya no tendrían que enfrentarse a nuevos exámenes.
Los aspirantes vuelven a ser eventuales
Javier Gago sí quiso dejar claro que el sindicato CIG impugnó sólo las bases de la convocatoria y en ningún momento se puso en duda la propia oposición ni los resultados obtenidos.
Hizo hincapié en el hecho de que los dos policías portuarios han superado las pruebas con superioridad, pues han demostrado con creces los conocimientos exigidos, aunque entiende que es humano que a ninguno de ellos le apetezca someterse a un nuevo examen ni ahora, ni dentro de cuatro o cinco años cuando se produzca un supuesto fallo definitivo por parte del Supremo.
Aunque Gago sostiene que "lo mejor para todos" es convocar cuanto antes una nueva oposición, si subraya que tiene "curiosidad jurídica" respecto a lo que pudieran determinar otros tribunales superiores.
El presidente del Puerto señala que la CIG ha conseguido con este procedimiento perjudicar a unos trabajadores que "por otra parte ha tenido que defender pues son afiliados de su sindicato".
El resultado es que los dos policías y el administrativo que habían ganado la plaza y que ya tomaron posesión de la misma vuelven a ser eventuales hasta que se resuelva su situación.
En el Puerto de Vilagarcía están asignados catorce agentes de vigilancia, de los cuales dos seguirán esperando cubrir de forma definitiva la plaza.
Insiste el presidente del ente portuario vilagarciano en que el procedimiento de convocatoria es idéntico en todos los puertos de España y que en ninguno de ellos ha habido impugnación de la convocatoria por este motivo pese a que en todos hay sindicatos y los correspondientes comités de empresa.
