Los vecinos de Cambados afectados por el plan sectorial de viviendas protegidas previsto por la Consellería de Vivenda para la zona de Os Olmos ratificaron ayer su rechazo al proyecto autonómico con una alegación conjunta firmada por una treintena de nombres. La plataforma de afectados celebró ayer una asamblea para estudiar los cauces administrativos que se tomarán a partir de ahora y para anunciar a todos los propietarios que las alegaciones conjuntas se presentan mañana mismo ante la Consellería de Vivenda, más de una semana antes de que termine el plazo establecido por ley.
Los afectados volvieron a recordar que, para nada, están en contra de la construcción de más viviendas sociales en la capital del albariño aunque sí de la propuesta de la Xunta para la zona ubicada entre el colegio San Tomé y el monte de A Pastora. Los afectados estiman que en Cambados existe suficiente terreno público para construir este tipo de edificaciones (141 viviendas según el proyecto de la Xunta) sin necesidad de perjudicar a las propiedades de los vecinos. Además, consideran "irrisorio" la cantidad que se les pretende pagar por las expropiaciones fijada en 71 euros el metro cuadrado. En este sentido, los afectados señalan que ya en 1996 esos mismos terrenos costaban a 165 euros el metro y que en 2007 este precio ya había ascendido a más de 500 euros.
Espera administrativa
Los afectados saben que ahora, y tras el cierre del plazo de alegaciones el próximo día 24, tendrán que esperar a una respuesta de la Consellería de Vivenda que, son conscientes, les hará esperar.
Lo cierto es que desde que la Xunta dio a conocer el contenido del plan sectorial para la zona de Os Olmos y A Grenla los afectados mantuvieron varias reuniones con el Concello de Cambados y con técnicos y responsables del departamento que dirige Teresa Táboas. Desde un primer momento el alcalde cambadés, José Manuel Cores Tourís, señaló que la iniciativa no era cosa del gobierno local y, de hecho, mostró su descontento con la elección de los terrenos propuesta desde la Consellería.
Por su parte, y después de darse a conocer las primeras reacciones vecinales, los cargos de la Xunta se comprometieron a reducir la superficie afectada y no incluir en ella ni a viviendas ni a las huertas aledañas a las mismas. El problema es que los vecinos exigen que estos terrenos puedan ser usados a libre disposición por parte de los propietarios sin estar sometidos a las limitaciones de la Xunta en núcleos de tipo protegido.
