Vilagarcía deberá adaptar a la nueva normativa dictada por el Ministerio de Fomento todos los pasos de peatones existentes en su casco urbano, sobre todo los elevados y los pintados en rojo y blanco. Hasta ahora no existía en España una legislación que definiese las características de los pasos y por ello, en varios municipios, estos se distribuían de modo indiscriminado. Ahora, la idea cambia.
En el caso de los pasos elevados, estos deben tener una altura determinada en función de la velocidad máxima establecida en el vial en el que están ubicados. Además, no podrán ir pintados de otro color distinto al blanco al considerar la legislación que más pintura de otros colores limita la adherencia de los neumáticos en la calzada.
Tal y como confirmó la alcaldesa en su día, los pasos elevados en A Mariña (aún en ejecución) se construyen según la normativa. Ahora, será tarea de los técnicos municipales revisar otros enclaves como la avenida de Rodrigo de Mendoza, la calle Valle-Inclán o Rosalía de Castro entre otras.
En la normativa se fija además la obligatoriedad de que todos los pasos de cebra estén debidamente anunciados con señalización vertical, algo que no ocurre en todas las calles vilagarcianas donde no se respetan las distancias exigidas por ley. La legislación advierte sobre la importancia de que, a una distancia de unos dos metros, no se aparquen vehículos que puedan repercutir en la falta de visibilidad tanto de peatones como de conductores. Y lo mismo ocurre con el mobiliario urbano que, según señalaron desde el gobierno local, se está redistribuyendo de modo que no interrumpa la fluidez del tráfico rodado. La inexistencia de iluminación en tramos urbanos o elementos confusos como pasos descoloridos e inutilizados como los existentes en A Mariña o Rosalía de Castro también serán penalizados.
Esta nueva norma se centra especialmente en los pasos elevados de hormigón y también en las bandas rugosas reductoras de velocidad como las que el Concello pretende instalar a lo largo de la recta de Rubiáns, principal entrada a la ciudad.
No cumplir la norma implica que unos elementos que, supuestamente, están instalados para mejorar la seguridad se conviertan en obstáculos en la carretera, tal y como indica Fomento.
Plazos
Por el momento, el Concello todavía está a tiempo de ejecutar las obras que sean necesarias para adaptarse a la legislación. El plazo otorgado por el Ministerio es de dos años, aunque los pasos de nueva ejecución deberían estar ya incluidos dentro de los parámetros exigidos. Si no es así, el Estado se reserva el derecho de sancionar a los concellos directamente por incumplimiento de una ley que pretende conciliar tanto el tráfico peatonal como el de motor.
No obstante, Vilagarcía no es el único municipio de la comarca que se verá afectado por la legislación estatal. Otros ayuntamientos como el de A Illa, Vilanova y Meis deberán revisar los pasos elevados ubicados en la avenida de A Ponte, la carretera de As Sinas y Mosteiro respectivamente.
Algunos de los citados pasos ya han sido motivo de controversia y crítica por muchos usuarios que consideran que están "demasiado altos" y que, en vez de mejorar la seguridad, suponen un peligro para los conductores.
