Los propietarios de invernaderos situados en el término municipal de Meis no ganan para disgustos. Algunos ya habían asumido que algo tendrán que pagar, por poco que sea, por los invernaderos situados sobre parcelas calificadas como urbanizables, pero ahora se han encontrado con la sorpresa de que el Catastro también les pretende cobrar por los que están situados en fincas rústicas.
Uno de los agricultores afectados por esta medida aseguró haber recibido ayer mismo una carta certificada de la Dirección General del Catastro, indicándole que en 2009 tendrá que pagar 151 euros por un invernadero de 416 metros cuadrados que tiene en una finca no urbanizable de Silván, en la parroquia de San Salvador de Meis.
"Llevó 16 años con ese invernadero ahí y nunca tuve que pagar nada por él", apuntó este agricultor, que forma parte del consejo rector de la cooperativa cambadesa Hortumia. Además, señaló que no es el único afectado. "Ya sé de otras tres personas que recibieron las cartas este fin de semana", agregó.
Los agricultores afectados por esta revisión de los valores catastrales en Meis están muy preocupados, y ayer mismo por la noche tenían previsto celebrar una reunión en el consistorio con el alcalde, José Luis Pérez. Durante la pasada semana, éste se puso en contacto con algunos de los afectados y parece ser que no sólo se comprometió a que el Concello rebajará al máximo las tasas que debe cobrar por el Catastro sino a prestar asesoramiento técnico y jurídico a aquellos que vayan a presentar sus alegaciones.
Pero lo que la semana pasada era un problema sólo para los propietarios de invernaderos situados en suelo urbanizable -unos 20 en Meis- ahora se podría convertir en algo mucho más grave, pues afecta también a aquellos que los han levantado en pleno rural. Además, el Catastro les ha aplicado también a estos una valoración de 272 euros por metro cuadrado, la misma que suele aplicársele a una nave industrial.
"Con esto van a terminar con la agricultura. Esto es un atraco. Hay familias que van a tener que pagar hasta 1.000 euros al año", agregó este directivo de Hortumia.
Esta medida afecta también a socios y responsables de la otra gran cooperativa agrícola arousana, Horsal, pues uno de los miembros de su consejo rector tiene un invernadero de unos 2.000 metros cuadrados por el que el Catastro le pide más de 760 euros al año.
La versión del Estado
Los afectados sostienen que esta medida es ilegal, puesto que la Lei do Solo de Galicia de 2004 establece que los invernaderos no son construcciones sino instalaciones agrícolas. Pero desde el Ministerio de Hacienda indicaron ayer que nada de lo que se está haciendo en Meis va en contra de la legislación.
Fuentes de este Ministerio, del que depende el Catastro, argumentaron que las reglas de valoración de los inmuebles situados sobre suelo rústico en aquellos ayuntamientos en donde se redacten las Ponencias de Valores se regirán por un Real Decreto Legislativo aprobado en 2004.
Hacienda señala que esta disposición se produce a partir de las ponencias aprobadas en 2006, lo que provocaría dos efectos simultáneos. Uno de ellos es que "los inmuebles con construcciones indispensables para la explotación agraria que no se han valorado hasta la fecha, pasan a tener valor".
Por otra parte, estas instalaciones agrícolas pasan a tener la consideración de bienes inmuebles rústicos.
