El PP meco exige una rectificación del gobierno y pide la dimisión de Mascato

El PP de O Grove exige al gobierno cuatripartito que rectifique públicamente y pide la dimisión del concejal nacionalista Antón Mascato. Los conservadores plantean esta reclamación en base a todas la críticas, acusaciones y ataques políticos que recibieron como consecuencia del "caso de las listas vascas", con el que se culpaba a los populares de haber falsificado datos de supuestos voluntarios para las listas del País Vasco.

Ahora que un auto del juzgado de Cambados archivó la causa abierta contra el líder del PP_y su número dos, Miguel Ángel Pérez García y Alexandre Aguín, respectivamente, estos, acompañados por el también concejal Fernando Meis, reaccionan "para contestar a todos los que, de forma cobarde y fascista, intentaron usar este asunto para desprestigiar al PP".

Miguel Pérez dice que tanto él como Aguín y el conjunto de su partido han sido víctimas "de todo tipo de injurias y juicios paralelos" durante un largo periodo "en el que se llevó a cabo una terrible manipulación y se hizo un uso torticero y malintencionado de este asunto". Culpan de forma especialmente intensa al cuatripartito, y responsabilizan de ello al alcalde, como máximo responsable del gobierno, y al edil Antón Mascato, "que es el que más a gusto se sintió acusando sin pruebas y criticando sin rigor, sin pudor y sin vergüenza alguna".

Es por ello que "el gobierno cuatripartito debería rectificar y pedir disculpas", dicen, aunque también es cierto que el PP reconocen no tener demasiadas esperanzas puestas en esta petición, "pues ya anunciaron su intención de presentar recurso al auto judicial para así seguir atacando políticamente al PP e intentar mantener vivo este tema para sacarle réditos políticos".

"El tiro por la culata"

Aunque Pérez sospecha que "esta maniobra les va a salir mal y puede volverse en su contra", no quiere dejar pasar la oportunidad de pedir esa rectificación e invitar a Mascato "a realizar una reflexión profunda sobre las burradas que dijo".

Entrando de lleno en el recurso que anunció el gobierno por mediación del alcalde, alegando que seguirán con la vía judicial "porque el PP no depuró responsabilidades políticas", Miguel Pérez replica que "para que un partido exija responsabilidades a otro por medio de los tribunales debe utilizar a sus abogados, en lugar de emplear el dinero de todos los grovenses en un recurso que deberá costear el Concello".

Esgrime que "tanto el PSOE_como el BNG tienen abogados y dinero para pagarlos si lo que quieren es continuar con esta campaña de desprestigio político, pero lo que de ningún modo puede justificarse es que se amparen en el Concello y en una supuesta defensa de los intereses generales para presentar el recurso anunciado".

Convencido de que "este auto archivando la causa les sentó francamente mal (a los miembros del gobierno)", Pérez opina que "siguen pensando que están por encima del bien y del mal y que son ellos los únicos que pueden actuar como guardianes de las esencias democráticas, a pesar de que en realidad en absoluto están legitimados para asumir ese papel".

Así las cosas, cuando estalló el llamado "caso de las listas vascas", el gobierno local "se apresuró a intentar sacar rentabilidad política diciendo que se presentaba como acusación particular para defender los intereses de los vecinos", por eso ahora que se conoce el auto que exime de responsabilidad Pérez y Aguín "quizás deberíamos recordar al gobierno que nosotros también somos vecinos de este pueblo, y sin embargo están empleando nuestro dinero, y el de los demás grovenses, para perseguirnos", denuncian los populares.

Además, a estas alturas "está judicialmente demostrado que nosotros también somos afectados por lo ocurrido y que hay una sola imputada a la que, en una muestra de absoluta responsabilidad, el alcalde mantiene en el mismo puesto que ocupaba; e incluso es el Concello, a través de su abogado, el que coordina la estrategia de esa imputada".

Lo que quieren decir los conservadores es que Jesusa Otero, que en el proceso judicial reconoció haber falsificado las firmas y es la única contra la que se siguen diligencias, "continúa desempeñando su labor con acceso directo a los datos de todos los empleados del Concello, por lo que estaría en condiciones de repetir las supuestas irregularidades", declaran tanto Pérez como Aguín.

Sospechan que "si antes esa persona tenía acceso a datos supuestamente falsificados, más fácil lo tendrá ahora que está como imputada, y por tanto hay que pedir al gobierno que le limite ese acceso a los datos del personal municipal, pues no hacerlo así es una falta de rigor y responsabilidad por parte del alcalde".

Aguín añade a esto que "da la impresión de que el alcalde de O Grove y sus compañeros de gobierno quieren cargarse a la oposición empleando para ello el dinero de todos los vecinos, por lo que les aconsejamos que si quieren venir a por nosotros que lo hagan empleando el dinero que les ofrezcan sus respectivas formaciones".

"O Grove tiene otros problemas"

Llevando la situación al extremo, los conservadores alegan que "si tanto interés tiene el gobierno en aclarar este asunto personándose en el proceso también tendría que pagar a nuestros abogados, pues nosotros, hay que insistir, también somos vecinos de este Concello".

Pero "cuestiones económicas al margen", lo que importa en este caso, a juicio de los conservadores, es que "haciendo uso de dinero público el gobierno está cuestionando un auto judicial, aplicando de nuevo una actitud fascista que, lamentablemente, parece la única forma de proceder de esta gente".

En estas apreciaciones coincide Fernando_Meis, que dice que en su partido están "tremendamente orgullosos" de Pérez y Aguín, y que entiende que el auto que archiva la causa contra ellos "confirma que el PP siempre actuó correctamente y al margen de cualquier actividad irregular o delictiva".

Por el contrario, "nos crispa ver que el gobierno de nuestro Concello recurre a la persecución política con cargo al erario público, pues O Grove tiene problemas más graves en los que el alcalde debería centrarse y en los que se debería invertir el dinero público".

El hecho de que el Concello recurra el auto, e incluso que se persone "para defender a un particular que sigue como imputado, nos lleva a pensar que lo que tiene que hacer el cuatripartito es plantear ante el pleno la posibilidad de ofrecer asistencia jurídica gratuita a todos los vecinos de O_Grove que lo necesiten, pues se supone que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos".

Esto, por inasumible económicamente, es para el edil Fernando Meis la mejor prueba de que el cuatripartito de O Grove está actuando incorrectamente".