Los mejilloneros contrarios a la Lei de Pesca representan ya al 50% del sector

 
Javier Blanco y otros "bateeiros" en uno de los plenos. /  j.l. oubiña
Javier Blanco y otros "bateeiros" en uno de los plenos. / j.l. oubiña 

La comisión que decía aglutinar al 90% de bateeiros y aceptaba el anteproyecto se resquebraja y sufre importantes bajas.

MANUEL MÉNDEZ / AROUSA El sector mejillonero gallego está más fraccionado que nunca, prácticamente partido en dos partes iguales. Y todo por la redacción de la nueva Lei de Pesca, que no acaba de convencer a los bateeiros y cuyo articulado ha conseguido que los detractores del anteproyecto estén camino de representar al 50% de los viveros flotantes de cultivo.
En Galicia hay 3.300 bateas, y prácticamente el 90% de sus titulares estaban supuestamente representados por una comisión negociadora, la misma que dio su apoyo a la consellería y aceptó el borrador. Pero desde el principio se vio la fragilidad de esa supuesta representatividad. Algunos productores de base se habían sentido engañados por sus dirigentes e incluso los acusaron de cambiar su voto, arropando en los despachos una ley que algunos puertos habían rechazado.
Fue entonces cuando FARO se hizo eco de la indignación existente y de la preocupación de muchos mejilloneros que, desesperados, veían peligrar su futuro. Varios incluso lloraron después de la asamblea en la que se formalizó el apoyo mayoritario al borrador, pero aquello fue ridiculizado desde la comisión negociadora, que lideran aún Agustín Pose (Agrupación Gallega de Mejilloneros-Agame) y Ramón Dios (presidente del Consello Regulador Mexillón de Galicia).
Tras las reuniones celebradas en las últimas semanas, especialmente intensas el sábado y ayer, queda patente que no han sabido calibrar el alcance de la preocupación existente, pues aquellos a los que menospreciaron se han unido, van camino de sumar los 1.500 parques y podrían ser muchos más a partir de hoy.
Cuando la comisión dio el apoyo a la consellería, la Asociación Virxe do Rosario (Vilagarcía) y sus 95 bateas se desmarcaron e iniciaron un movimiento contrario al anteproyecto que poco a poco ganó adeptos e incorporó bateeiros de otros puertos y asociaciones, incluso de las teóricamente partidarias de la ley.
Javier Blanco, presidente de la entidad vilagarciana y encargado de buscar el máximo respaldo posible de cara a forzar el cambio del anteproyecto, recorrió para ello los puertos -desde Vigo hasta Sada, pasando por Pontevedra, Arousa y Muros- y diferentes concellos, donde en sus plenos defendió una moción en la que se rechazaba el borrador, aprobada incluso en localidades gobernadas por el PSOE, el partido que ocupa la Consellería de Pesca.
Ayer Javier Blanco no quiso pronunciarse sobre el espectacular cambio de postura de los bateeiros, ni tampoco quiso dar pistas sobre el contenido de las reuniones de los últimos días. Pero FARO ha sabido que en esos encuentros se ha decidido pedir una nueva Lei de Pesca mediante un escrito firmado, curiosamente, por titulares de 400 bateas pertenecientes a Opmega, la organización que con algo más de mil parques repartidos por Galicia es mayoritaria y hasta ahora pieza clave en la comisión que avala el anteproyecto.
Esto no sólo puede poner contra las cuerdas a la nueva ley, sino que constata la brecha abierta desde hace años en el seno de la citada agrupación.
Pero Virxe do Rosario y sus 95 bateas, que empezaron siendo una clara minoría, también parecen tener la firma de otros 400 bateeiros de la Federación de Mejilloneros Arosa y Norte, que como en el caso anterior también formaba parte de la comisión.
A estas desbandadas hay que añadir 109 bateas de entidades comercializadoras agrupadas en Asprocom que también firman el documento contrario al anteproyecto, al igual que 32 parques de Apromar -entidad que en su día formó parte de San Amaro (Vilanova)-, 68 bateas de Rianosa (Moaña, Cangas y Vilaboa), más de 100 de San Sadurniño (Cambados) y 22 de Egrome (O Grove) entre otros viveros -también de ostra- repartidos por todas las rías y con titulares asentados en todos los concellos costeros. Asociación Cons do Udra (Bueu), con unas 200 bateas, y Asociación de Productores de Moaña, con 60, también hablaron con el sector crítico y pidieron explicaciones urgentes a la que hasta ahora es su comisión. Si no los convencen la abandonarán y se sumarán a los detractores de la ley.

Las posturas

Es mucho más complejo que esto, pero para que se entienda fácilmente cabe decir que los críticos exigen que en el nuevo articulado de la ley se haga constar expresamente que las concesiones, una vez caducadas, quedarán en manos de sus actuales titulares, como ya se hace en otras leyes -por ejemplo en Murcia-. Por contra, los partidarios del borrador, y evidentemente la consellería, sostienen que no se puede hacer esa especificación, alegando que la rechazaría la Comisión Europea, y se inclinan por sacar las bateas "caducadas" a concurso desarrollando un decreto paralelo -del que no se fían los críticos- que permita la continuidad de los parques flotantes en manos de sus concesionarios.

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