El sector mejillonero gallego acordó, por mayoría, dar su apoyo al borrador de la Lei de Pesca de Galicia. Pero los enfrentamientos internos, la desmembración que padece el sector, su estado de crisis permanente y la dudosa legitimidad del voto delegado, que permite al presidente de una agrupación cambiar en último momento el sentir de sus socios, hacen que ese apoyo mayoritario sea un auténtico polvorín para el sector. De ahí que se registre ya una evidente sublevación que lleva a algunos productores a buscar apoyos políticos y sociales para rechazar o modificar ese proyecto legislativo.

Sus detractores quieren "que se garanticen los derechos históricos de los bateeiros", es decir, que se establezcan medidas para que un productor pueda quedarse con su batea aún a pesar de que al cabo de treinta años ésta tenga que salir a concurso, como exige Pesca.

Las concesiones se otorgan por tres períodos prorrogables de diez años cada uno. Las primeras bateas empezarán a caducar en 2018, y será entonces cuando, en caso de aplicarse la ley en fase de redacción, sea preciso sacar las concesiones caducadas a concurso, de forma que un bateeiro podría quedarse sin su parque y perder su medio de vida y sustento.

Lo que ocurre es que en ese concurso se establecerán una serie de baremos que sirvan para primar a los mejilloneros que compitan por una batea, restando posibilidades, por tanto, a personas ajenas al sector. Así se intenta evitar que multinacionales o empresarios sin trayectoria en la mitilicultura puedan apoderarse de los parques de cultivo flotantes.

Pero, aunque se primara a los bateeiros e incluso se dice que a posteriori se elaboraran decretos para ello, algunos quieren que en el articulado de la ley se incluyan condiciones específicas que ofrezcan las mayores ventajas al que ya es dueño de una concesión, es decir, se busca hacer que un bateeiro pueda quedarse con su parque de cultivo una vez vencida la concesión de 30 años.

Con el borrador actual es cierto que el sector podrá seguir en manos del sector, o eso dicen los mismos que apoyan la negociación con Pesca, pero no se garantiza que cada bateeiro vaya a quedarse con su parque, denuncian los críticos.

Para conseguirlo y hacer que así se regule por ley, se ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos del arco parlamentario y se estudia la posibilidad de organizar movilizaciones y pedir que se celebren plenos extraordinarios en todos los concellos, para recabar también el apoyo de las corporaciones, sobre todo en los concellos que viven directamente de la mitilicultura.

Esta sublevación está claramente liderada por la Asociación Virxe do Rosario, de Vilaxoán (Vilagarcía), aunque a medida que pasan las horas son cada vez más los productores de otras asociaciones, y de toda Galicia, que quieren seguir sus pasos. Esto hace que algunos incluso estén pidiendo la baja en sus asociaciones, disconformes con la postura mantenida por sus directivos en este conflicto.

Ocurre así tras lo que ocurrió en la asamblea celebrada el pasado viernes, en la que por mayoría se decidió apoyar el borrador de la ley, pero aquello "fue un fraude en toda regla, pues hay directivos de asociaciones que cambiaron el voto de sus socios, y esto ha irritado a todo el mundo", advierte Javier Blanco, presidente de Asociación Virxe do Rosario.

"Muchos quieren sumarse a nosotros, pero lo que tienen que hacer es pedir la dimisión de sus dirigentes o forzar la celebración de nuevas asambleas en sus respectivas agrupaciones, pero nosotros, desde Virxe do Rosario, vamos a centrarnos en la defensa de nuestros integrantes", apostilla.

Su estrategia es sencilla: "Tal y como está el articulado de la ley no se garantiza que una concesión quede en manos de su titular... lo que pretendemos es que la ley que se apruebe en el Parlamento, recoja en sus artículos que los concesionarios actuales, los bateeiros, partirán con todas las garantías de renovación, para que cada uno pueda quedarse con su batea y no tengamos que pegarnos unos con otros".

Considera Javier Blanco que "es sencillo hacer la corrección y dejar las cosas claras desde el principio, sin necesidad de estar a expensas de los decretos que pueda emitir en cada momento el conselleiro de turno". Su plan es "hacer algo parecido a lo que se hace en otros concursos, y que resultan perfectamente legales".

Como ejemplo cita que "cuando se trata de la convocatoria de plazas para personal de la Xunta se da más puntos al concursante que ya ejerció como tal". Pues con los bateeiros "hay que hacer algo parecido: dar la mayor cantidad de puntos posibles al dueño de la batea sometida a concurso, evitando que unos podamos quitarnos las bateas a otros". Y es que, como reconoce Blanco, "hay gran cantidad de gente en el sector que se siente defraudada, desconsolada e incluso engañada, por eso en Virxe do Rosario queremos pelear para que se reconozca por ley el derecho histórico de cada productor a quedarse con su batea".

En Virxe do Rosario, pero también en otras asociaciones y agrupaciones gallegas, no aceptan ningún tipo de decreto posterior y están dispuestos a "llegar hasta el final para conseguir una ley de verdad que, avalada por el Parlamento, permita la continuidad de nuestro sector".