Pisos bonitos y baratitos

Anxel Vence

Con el loable propósito de que todo el mundo pueda disponer de un piso bonito y baratito, la Xunta aprobó ayer una ley que garantizará a cualquier gallego la posesión de una vivienda "digna" y, por si ello fuera poco, a precio "razonable". Se va a acabar, pues, la sinrazón de que un apartamento en el centro de Vigo o Coruña cueste más que otro situado en el rico barrio neoyorquino de Manhattan. O eso dicen.
La fórmula para alcanzar tan ambicioso objetivo no es precisamente novedosa. En realidad se trata de un "remake" de la famosa política de "casas baratas" impulsada por el general Franco y rebautizada ahora con el más decoroso nombre de promoción de viviendas de protección oficial.
A este tipo de pisos "protegidos" de los vaivenes del mercado se reservará, según la nueva ley, un 40 por ciento del total de suelo destinado a edificación en cada municipio de Galicia; suponiendo, claro está, que quede alguna parcela disponible tras el expolio de la última década.
Habrá quien dude de la eficacia práctica de esta decisión, pero nadie podrá negar la bondad de intenciones del Gobierno de Touriño y Quintana al aprobar por vía de urgencia una ley destinada a poner freno -por fin- a la especulación del ladrillo.
Si acaso, la medida llega con un poco de demora, pero nunca es tarde si la dicha es buena (y menos aún si hay elecciones a un mes vista).
Infelizmente, la nueva ley podría haber nacido ya vieja. Y es que, si las estadísticas no mienten más de lo necesario, el 80 por ciento de los gallegos disponen ya de casa en propiedad: bien sea exclusiva, bien a medias con el banco. De ese dato resulta fácil deducir que la nueva disposición legislativa tan sólo beneficiará al restante -y minoritario- veinte por ciento de la población, además de perjudicar en su patrimonio a cuatro de cada cinco gallegos en el caso de que efectivamente se abaratase el precio de la vivienda.
Tampoco el momento elegido para poner orden en el descontrol de precios de las casas parece, ni de lejos, el más oportuno. Una medida así hubiera sido pertinente y exigible hace tres o cuatro años (por no ir más lejos), pero tal vez resulte extemporánea ahora que la burbuja inmobiliaria se está desinflando como un globo.
Cae de cajón que si las constructoras empiezan a dar en quiebra por falta de salida a su mercancía, difícilmente van a encontrar atractiva la idea de reorientar su negocio hacia las viviendas de protección oficial. Más que nada porque las casas baratas, como su propio nombre indica, dejan mucho menor margen de beneficio que las sometidas a la ley de la oferta, la demanda y la especulación.
Frente a esa vieja ley del mercado, poco pueden hacer las que dicte el Gobierno de Galicia o cualquier otro. Si los pisos bajan de precio, como de hecho ya están bajando, la causa habrá que atribuirla sin duda a la resaca de la orgía del hormigón que durante la última década duplicó y hasta triplicó el coste -que no el valor- de la vivienda en España. Ahora que el globo de la especulación pierde aire y amenaza con desplomarse como el dirigible Hindenburg, cualquier legislación orientada a abaratar la vivienda parece superflua además de tardía.
De ahí que el meritorio intento de poner las casas a precio "razonable" -para el comprador, se entiende- no vaya a tener probablemente gran influencia sobre el mercado en Galicia. La fácil razón consiste precisamente en que los pisos han dejado de ser el sustancioso negocio que tantos millones hizo ganar durante los últimos años a los grandes y pequeños especuladores que hasta ahora apostaban sobre seguro a la ruleta del ladrillo.
Acabada la fiesta, es de esperar que las propias reglas del mercado hagan que baje el precio del metro cuadrado de hormigón. Si así fuere, con gusto daríamos por buena la mentira piadosa de que algún gobierno -el de Galicia, por ejemplo- pueda ofrecer a sus ciudadanos pisos bonitos y baratitos.
anxel@arrakis.es