La Monarquía española, recostada en el Parlamento y la Constitución hace su trabajo sin dejar de estar cosida a lo que pasa. Y no me refiero precisamente a los actos oficiales, las cenas de gala o las visitas de Estado. A pesar de las críticas que se han escuchado en este último año de contratiempos para la institución, es injusto acusar a la Familia Real de no ganarse el sueldo y los fondos presupuestarios de los que dispone anualmente para hacer sus deberes.

No encontraremos casos de tragedias públicas, muertos por terrorismo, soldados caídos en misiones internacionales, catástrofes naturales, etc., donde no aparezcan los Reyes o los Príncipes de Asturias en la hora de expresar la compasión, la condolencia y la solidaridad. A modo de ejemplo, y no es el único, las imborrables imágenes de una llorosa reina doña Sofía, consolando a familiares de las víctimas del 11-M, han dejado huella en la memoria de todos los españoles.

Sin embargo, la obligada proximidad de la Monarquía a las realidades está reñida con el pronunciamiento a favor o en contra de los opinables modos de interpretar la realidad. En ese sentido, los discursos del Rey nunca se mojan, dicho sea en lenguaje coloquial. Es un clásico del tradicional mensaje de Navidad de don Juan Carlos. La única pega que se le puede poner, que no se moja. Pero al mismo tiempo ese es su mérito. Y también su razón de ser, que consiste en el deber de remitirse exclusivamente a los valores proclamados en la Constitución, nunca a diferentes y opinables formas de aplicarlos.

Si el Rey opinara sobre lo que ocurre, como una receta más, no sería un buen Rey. Lo más que puede hacer, y desde luego lo hace, es invocar los grandes principios de unidad, moralidad, legalidad y, más específicamente, los que vienen expresados en la Constitución. De ahí la importancia que tiene, a mi juicio, el llamamiento a la unidad de los partidos políticos para acabar con el terrorismo, ``teniendo en cuenta las reglas y principios de la Constitución Española´´. Veamos: en ninguna parte del texto constitucional está escrito el modo de acabar con el terrorismo, pero si está escrito que quien tiene el derecho y el deber de acabar con el terrorismo es el Gobierno de la Nación. El Ejecutivo dirige todas las políticas de gestión pública, desde la política exterior hasta la de infraestructuras, la política antiterrorista también, claro. Son las reglas.

Está claro el eje en torno al cual debe forjarse la unidad de los partidos políticos en la lucha antiterrorista. Sin embargo, hemos seguido oyendo estos días declaraciones del principal partido de la oposición cuya opinable receta para acabar con ETA se vincula claramente a la unidad reclamada por el Rey ¿Sólo habrá unidad si el Ejecutivo trabaja al dictado del PP?