Los empleados públicos en España han sufrido las consecuencias tanto de la Gran recesión, como de la estrategia por la que se ha optado para conducir la necesaria y obligada reducción del déficit. Los empleados públicos gallegos han sufrido más que la media. Por eso, es lógico que en España y en Galicia hay reclamación de mejoras y de recuperar lo perdido. Pero esa reivindicación se puede plantear de forma organizada, global y dialogante, o de manera caótica, parcial y conflictiva.

Hacerlo de la primera de los caminos pasa por elevar el nivel de interlocución sindical. Las decisiones que afecten a un determinado servicio público, sea sanidad, educación o justicia, deben enmarcarse en un proceso global, con representantes que tengan el conjunto de la función pública en la cabeza y que asuman que existe un presupuesto común del que debe salir el dinero: si algunos reciben más, otros tendrán que conformarse con menos. Por eso es tan importante contar con sindicatos fuertes, representativos y jerarquizados. Porque antes de hablar de las partes, hay que hablar del conjunto.

A partir de ahí, lo que se precisa es un análisis cuantitativo completo y objetivo de la situación de cada uno de los colectivos que plantean demandas. Porque lo justo y razonable es dar prioridad a quienes están peor, no a quien tienen mayor capacidad de montar follón. ¿Maestros, médicos, celadores?? ¿Quiénes son los que están peor cuándo nos comparamos con otras autonomías con una capacidad financiera similar (y eso excluye, ya de entrada, fijarnos en el País Vasco y Navarra mientras sigan disfrutando del "cuponazo")?

Sin ese documento de conjunto y riguroso, sin esa interlocución al máximo nivel sindical y de la Xunta, sin el apoyo técnico que haga falta (y ahí tenemos al valioso Consello Galego de Relacións Laborais), me temo que estamos condenados a navegar colectivamente en el conflicto y la demagogia. Necesitamos perspectiva global e informada.

*Director de GEN (Universidade de Vigo)