Decía el presidente del Tribunal Supremo en un reciente comunicado, que en el caso de la sentencia de La Manada se está comprometiendo gravemente la confianza en el sistema de justicia. No puedo estar más de acuerdo con él, pero discrepo totalmente con quiénes son los responsables de crear esa situación. A diferencia de lo que manifestó el también presidente del Consejo General del Poder Judicial, para mí, y al parecer para la gran mayoría de la sociedad española, han sido los magistrados de la Audiencia de Navarra quienes han dejado tocada y malherida la confianza social en la impartición de justicia. Como recuerda el propio Lesmes, la Constitución reserva esa tarea a jueces y juezas profesionales, independientes e imparciales, pero tales características no se les suponen por el simple hecho de ostentar el cargo, hay que demostrarlo en cada caso, y muchas personas pensamos que en éste no ha sido así. Algo muy grave pasa cuando la sentencia ha creado más alarma social que el propio delito. Pocas veces un tema genera tanto consenso y unanimidad: integrantes de los principales partidos políticos, Ayuntamientos, medios de comunicación, el propio Gobierno y numerosos miembros del poder judicial han manifestado su malestar y decepción ante el fallo. Mientras, en la calle asistimos al surgimiento de una masa crítica que, en un ejercicio de vigilancia ciudadana, pone bajo la lupa a la judicatura y sus verdades de papel llenas de estereotipos sexistas. Tantas personas no podemos estar equivocadas, el clamor es generalizado. Parece que sólo los integrantes de la Audiencia navarra no han visto violencia o intimidación en la agresión, lo que demuestra que la ley no es neutra y su interpretación aún menos.

Exigimos profesionales con formación en perspectiva de género, como sucede en otras áreas del Derecho (como mercantil, urbanismo, fiscal, etc.) en las que sería impensable dictar sentencia sin formación previa en el tema. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y cuando alguien lo violenta se nos tiene que garantizar el acceso a la justicia en condiciones igualitarias. Algo que no sucede cuando en los delitos sexuales se nos exigen cosas sencillamente inimaginables en otros casos. Si denuncias que te han robado el coche o que han allanado tu casa, ningún juez pregunta a la víctima si opuso resistencia o si está segura de que le dijo al ladrón que no podía hacerlo. Con la violencia sobre nuestros cuerpos no aplica esa lógica, porque la ley y la justicia han sido construidas desde la mirada masculina, por y para los hombres. Y eso se llama violencia institucional. Un maltrato histórico del Derecho en general, y del Derecho Penal en particular que recuerda al manual "Malleus Maleficarum", el "Martillo de la Brujas", ese monumento jurídico al patriarcado que explicaba en el siglo XV cómo juzgar a las brujas.

Ahora le toca al Tribunal Supremo enmendar el error para tratar de recuperar la confianza perdida en el sistema judicial. La pelota está en su tejado, con el añadido de que su sentencia además creará jurisprudencia. Sólo tiene dos opciones: o garantizar los derechos de las mujeres o volver a los tiempos de las cavernas de aquella infausta sentencia de la minifalda que dictó ese mismo Tribunal Supremo en 1990. Pero el 8M ha marcado un punto de inflexión y ya no nos vamos a callar, si nos vuelven a dar la espalda nada será igual. Hay mucho malestar acumulado porque desafortunadamente lo de Navarra no ha sido un caso aislado, sentencias así se repiten a diario. Una manada, pacífica, pero muy harta seguirá ocupando las calles: somos las nietas de aquellas brujas que no pudieron quemar, y cada vez más hombres marchan a nuestro lado.

*Abogada y Profesora Asociada de la Universidad de Oviedo