Lo admiré de lejos por su lucha a favor de una muerte digna. Pero de cerca, directamente, solo tuve ocasión de saludarle una vez. Me lo presentó un querido amigo ya fallecido, el magistrado Antonio Pedreira Andrade, durante una conferencia que dieron al alimón sobre la eutanasia en la coruñesa Fundación Paideia, que entonces presidía Rosalía Mera. Me refiero al doctor Luis Montes, que acaba de morir de un infarto mientras viajaba en automóvil desde Madrid hacia Córdoba.
Montes fue objeto de una de las campañas de desprestigio más sucias que se hayan hecho en la política sanitaria española desde el final de la dictadura. En marzo de 2005, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que presidía Esperanza Aguirre llevó a la Fiscalía una denuncia anónima en la que se le acusaba de haber provocado deliberadamente, junto con otros sanitarios, la muerte de 400 pacientes terminales del hospital de Leganés en el que entonces era coordinador del Servicio de Urgencias.
La acusación no tenía ningún fundamento pero sirvió de pretexto para desencadenar una brutal campaña de prensa en la que se calificó las supuestas muertes de asesinatos y en la que no se repararon en medios para descalificar ante la ciudadanía la calidad asistencial de la sanidad pública. Porque ese era el objetivo último del gobierno ultraliberal (y a lo que se está comprobando ahora también muy corrupto) que presidía Esperanza Aguirre, y del que era ejecutor su consejero de Sanidad Manuel Lamela, un abogado del Estado en excedencia que luego fue protagonista de otros escándalos relacionados con empresas interesadas en el negocio de la salud. Y en el curso de esa campaña se dijeron cosas horribles desde algunas emisoras de radio. Desde llamar Sendero Luminoso (una organización terrorista peruana especialmente sanguinaria) a los profesionales del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, hasta asegurar que se propiciaba la muerte de los enfermos terminales para liberar camas. Sorprendentemente, ningún enfermo ni ninguno de sus familiares denunció tales prácticas y un juzgado de Leganés decretó el archivo de las diligencias practicadas al no encontrar en ellas asomo alguno de irregularidad. Una resolución que luego confirmó la Audiencia Provincial absolviendo a los denunciados de cualquier mala práctica profesional.
La lucha por una regulación sensata de la eutanasia, como antes lo fue por el aborto, tuvo en el doctor Luis Montes a uno de su valedores principales y es obligado reconocérselo. Y no estaría de más que el Obispado español, desde cuya cadena de radio se toleraron exabruptos irreproducibles contra el médico ahora fallecido, contribuyese a restaurar su honor de alguna forma. No todo va a quedar en pedir perdón por las complicidades con ETA como ha hecho recientemente el episcopado vasco.
Con Montes se va una de las cabezas visibles de la lucha por una sanidad pública de calidad. Una pelea en la que afortunadamente no estaba solo, como se demostró con la protesta llamada de las "batas blancas" y con otras movilizaciones. Y falta va a hacer que no decaiga, a ser posible en sintonía con el movimiento ciudadano que debería ser el primer interesado en ello. Porque los privatizadores no cejarán en sus propósitos. La última de sus tácticas es hablar de defenderla mientras en la práctica la parasitan.
