Así pues, metido como está el conflicto de Xustiza en un callejón sin aparente próxima salida, y con el factor de radicalización que supone la aparición callejera de piquetes haciendo -por ahora solo eso- ruido, no parece improcedente reclamar, otra vez, la mediación. La izquierda, empecinada en politizar la situación, reclama la que considera apropiada, que es la del Consello de Relacións Laborais, y la Xunta dijo que estudiaría la oferta del Consejo gallego de la Abogacía, pero no hay noticia definitiva de ninguna de las dos.
Tampoco se dibuja, al menos en el horizonte próximo, la utilización del arbitraje o un laudo de obligado cumplimiento, lo que significa que la huelga puede prolongarse bastante más aún, y las cifras que se barajan en retrasos y suspensión de actuaciones judiciales o de registro hacen del todo inaceptable esa posible duración sine die. Porque ese panorama, como la propia declaración de "indefinida" de la convocatoria de paro, carece de lógica en un servicio prestado por la Administración Pública, que deja a los afectados/as sin más posibilidad que resignarse y confiar en que la Divina Providencia acuda en su socorro. Y eso es, también, un planteamiento impensable.
Así las cosas, no debería caer en saco roto la sugerencia de la Consellería en el sentido de que el comité de huelga someta a votación la última oferta de la Xunta. Entre otras razones porque fue el propio comité el que hace unas semanas llamó a urnas al personal para que expresase su opinión sobre el estado de la cuestión en aquel momento. Y con una respuesta significativa: se decidió una rebaja en las peticiones económicas para así buscar el acuerdo. Pero la rebaja formulada a continuación fue insignificante y el conflicto continuó.
Es por eso que, en estos tiempos en los que ya no solo es habitual, sino creciente, la consulta de las grandes decisiones de los partidos a sus bases o su militancia, por lo que no debiera rechazarse la idea de otra votación entre los funcionarios para determinar qué piensan e incluso qué deciden. No se conoce, en democracia, un método mejor que la consulta directa sobre las decisiones a tomar cuando existen dudas o las posturas se enquistan. Si es que de verdad se busca una solución laboral que se acepte, si no por todos -que es casi imposible- por la mayoría.
Conste que se especifica que la solución ha de ser "laboral" porque ese es el objetivo principal de cualquier huelga, ya que se refiere a los aspectos del trabajo y su remuneración. Pero también porque la presencia de representantes de la oposición política en las manifestaciones, habitual pero impropia, permite suponer que podrían existir otras finalidades, además de la citada. Y por eso se califica de impropia: si alguna vez los que están ahora extramuros del poder llegan a ostentarlo, es muy probable que hayan de afrontar conflictos parecidos, y no podrán quejarse de que la entonces oposición los utilice con intenciones de mero desgaste. Ese es, por desgracia, el modo que tienen algunos aquí de entender lo de servir a la ciudadanía.
¿No...?
