"La ciencia no es una extravagancia ni un capricho. Los países son ricos porque investigan, no investigan porque son ricos". El aserto de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Rosa Menéndez, con 13.000 investigadores a su cargo, entrevistada esta semana por FARO, resume una filosofía del progreso.

Si las administraciones asumieran este principio en la gestión diaria de sus recursos, las consecuencias serían casi revolucionarias. Hace unas semanas casi un centenar de científicos del Instituto Oceanográfico de Vigo salían a la calle para denunciar la situación de agonía y colapso que sufre el organismo, clave para el estudio de las pesquerías y la evolución del mundo marino. La verdadera cuestión de fondo que debería invitarnos a todos a reflexionar seriamente es la falta de ambición y de interés suficiente para propiciar entornos más favorables a la investigación y la inteligencia.

Hay loables esfuerzos del colectivo investigador por vencer las rigidices del sistema pero insuficientes ante la montaña de trabas burocráticas y la falta de medios con que chocan. Aunque los discursos oficiales proclamen otra cosa, las decisiones reales han convertido la investigación y la ciencia en los parientes pobres de las políticas públicas. El dilema es claro: innovar o desaparecer. Quien no investiga y no apoya a la ciencia está condenado a descolgarse del desarrollo.

La formación es al empleo lo que la investigación a la economía. Con mayor preparación aumentan exponencialmente las posibilidades de lograr un trabajo cualificado y con una remuneración alta. Una apuesta decidida por la innovación conlleva a la larga un aumento general de la riqueza y de la calidad de vida para todos los ciudadanos. Aunque en el caso de Galicia las cosas han mejorado en los últimos tiempos, la investigación y el desarrollo necesita de mucho mayor apoyo para generar una economía fuerte de cara al futuro, capaz de generar más bienestar para todos. La semilla de un cambio de mentalidad imprescindible empieza a arraigar cada vez en más sectores. De investigar para publicar y mantener la poltrona a investigar para vender, y de esperar a que otros emprendan para tener trabajo, a emprender para generar riqueza. Es una realidad que existe, que está consolidándose, y que en algunos casos adquiere reconocimiento internacional, con el respaldo de clientes muy exigentes.

Rosa Menéndez, presidenta del CISC, resaltaba en estas páginas lo rápido que se deteriora el edificio científico cuando dejamos de prestarle cuidados y lo difícil que resulta reconstruirlo. No estamos para desandar por más tiempo el camino andado. La desconexión entre ciencia y empresa y la dificultad de traducir conocimiento en negocio son, salvo notables excepciones, otros dos puntos débiles de la investigación gallega.

Hace ya casi un año la comunidad científica gallega se alzó contra el decreto con el que Facenda pretendía regularizar su situación laboral. Lo rechazaban porque no veían en él ni la solución para lograr la ansiada estabilidad ni atraer y retener talento. La Xunta acabó por retirarlo y se comprometió a consensuar con ellos un nuevo texto. Once meses después, ni siquiera se les ha llamado para sentarse a hablar. Alega la consellería que ha aparcado la redacción de otro borrador a la espera de que en el ámbito estatal se desarrolle la Ley de Ciencia y se apruebe el nuevo estatuto del personal investigador, una demora que no hace sino agravar la ya de por sí enquistada situación.

Urge hacer caso a los investigadores. En la espera, siguen fallando los mecanismos para propiciar tanto la estabilidad laboral de los que se quedan en Galicia como para lograr el retorno de los talentos emigrados, lo que revela la falta de garantías y la desconfianza en las administraciones cuando se disponen a abordar asuntos de ciencia. La realidad es que nada se ha hecho para resolver con eficacia las deficiencias que atenazan al sistema. De entre ellas hay coincidencia en poner en la diana la excesiva centralización y la burocracia jurásica como principales males, junto a la estrechez de los recursos.

En la concentración de la plantilla del Oceanográfico de Vigo, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, los asistentes, con su directora al frente, denunciaban que este año la ejecución presupuestaria se redujo un 30%, un descenso que no se justifica solo por la crisis sino también por los males citados. Como resultado, equipamientos científicos sin reparar durante años, devolución de subvenciones por no poder ejecutar los fondos concedidos, la imposibilidad de contratar personal a cargo de proyectos o jubilaciones sin cubrir. La burocracia es tan excesiva, que hasta se ven obligados a mendigar simples filtros para los bombeos de agua. Los mensajes son contradictorios. Por un lado les animan a buscar financiación externa y, por otro, les ponen y barreras administrativas insuperables. Lógico que cunde la sensación de hartazgo y desánimo.

Cada vez más los gallegos manifiestan una sensibilidad poco propensa al inmovilismo, nada conformista y enormemente inquieta y curiosa respecto a las novedades del mundo. Un clima esperanzador para que el voluntarismo o los solitarios empeños personales dejen de guiar los avances y arraigue de una vez aquí el entorno agradable, atractivo y eficiente que atrae al talento.

Lo que no puede permitirse por más tiempo es que una burocracia decimonónica, incompatible con la era de la digitalización, agrave la carencia de medios. Hay que erradicarla de raíz. Falta actuar decididamente para plasmar en acciones concretas el mayor número posible de las iniciativas puestas sobre la mesa. Tras continuas restricciones, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 aumenta un 8,3% los fondos destinados a la investigación científica. De hecho, la partida para I+D+i es una de las que más suben. No obstante, el propio documento reconoce que España tiene uno de los niveles de inversión más bajos de Europa. El gasto se situó en el 1,19% del PIB en 2016, inferior al del año anterior, lo que está muy por debajo de la media de la UE (2,03%) y de países como Suecia (3,25%), Austria (3,09%) o Alemania (2,94%). Las cifras son harto elocuentes. El diagnóstico está hecho desde hace tiempo. Basta ya de que los políticos, sin distinción de siglas, se llenen la boca para proclamar la imperiosa necesidad de innovar para salir de la crisis con bases sólidas de futuro y pónganse a hacer lo que tengan que hacer para la recuperación del potencial científico que el país tanto necesita.