A estas alturas, y más allá del legítimo -aunque algo exagerado- orgullo de los dirigentes de la Federación Española de Municipios y Provincias que preside el alcalde de Vigo, por el compromiso con Hacienda sobre el superávit de los ayuntamientos, quizá proceda alguna reflexión. La primera, que varía según la interpretación, es que el acuerdo podría quedar limitado no a cualquier actuación municipal, lo que a falta de especificación por el equipo del señor Montoro, podría enfriar algo la euforia. Ya se verá cuando el Ministerio publique las disposiciones.
(El asunto puede tener una cierta trascendencia, al menos en un par de direcciones. Una, acerca del balance final de las cuentas ante la UE a la hora de fijar el déficit. No es un secreto que a Hacienda le venía bien el superávit de los ayuntamientos a la hora de cuadrar sus cuentas, porque de algún modo compensaba -o contribuía a equilibrar- otros capítulos deficitarios, y era computable a esos efectos. Otra dirección, más etérea, puede referirse a las limitaciones a la hora de invertir desde los ayuntamientos para que no caigan en la tentación de utilizar esa "nueva capacidad" -en año preelectoral- en vanidades ante las urnas. Que nunca se puede decir que de esa agua no beberán.)
Pero hay otro apartado en ese compromiso en el que la FEMP y su presidente no han entrado: la de si con ese dinero "liberado", las arcas consistoriales estarán dispuestas a abrirse para devolver a sus habitantes el dinero mal cobrado, según han dicho los tribunales, en concepto de plusvalías. Un "detalle" que afecta directamente a las personas y que, por ese interés, están de actualidad. Y es que no hay político que se precie que no haya incorporado a su lenguaje eso del "atender sobre todo" a sus ciudadanos/as. Pues ahora tienen posibilidad de aplicarlo.
Por eso no es esta una cuestión menor. Se presenta la oportunidad de hacer justicia directa a un gran número de personas que se han visto ilegítimamente obligados a pagar un impuesto, el ya mencionado de plusvalía, incluso cuando no solo no había beneficio, sino pérdidas. Lo cual no solo es una aberración jurídica, sino un atentado al significado mismo de los conceptos. Y ya la FEMP ha intentado una maniobra dilatoria -al menos- aprobando que tan solo se reintegren las cantidades desde la sentencia judicial, no desde que se aplicaba la Ley.
Y es que, dicho como siempre desde el mayor de los respetos, puede ser admisible que se canten las victorias incluso cuando no están del todo cerradas, pero no tanto -o nada en absoluto- cuando para serlo dejan flecos tan importantes como el subrayado. Lo ha dicho el PP, quizá para rebajar la euforia de la Federación, pero, con independencia de los objetivos, tiene razón -en opinión de quien escribe- al pedir que la liberación de fondos, cuando llegue, ha de utilizarse también para devolver lo indebidamente cobrado. Porque la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.
¿No...?
