Uno de los aspectos más destacados de la alianza establecida por cuatro Comunidades para apoyar un sistema de financiación autonómica "justo" es el de que integra a gobernantes de los dos grandes partidos, PP y PSOE. Y que eso, como algunos observadores han señalado ya -y hasta Pedro Sánchez, que parece haber pasado del "no es no" a Rajoy al "quizás" a Feijóo al hablar de "tender puentes"-, implica una cierta superación de los vetos -y las líneas rojas: en algún caso, los socialistas tienen el apoyo de Podemos- que partían de la imposibilidad de entenderse, un esquema que ha perjudicado a los habitantes de estos Reinos, sin que su falsedad impidiera la aplicación urbi et orbi.
Es verdad que el entendimiento entre Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón no supone más que una posición común -más abstracta que concreta, porque se fundamente en principios generales de reparto que firmarían casi todos, pero que no va, por ahora, más lejos- y que, por tanto, no conviene alimentar expectativas aún remotas. Pero el hecho de que exista significa que, si no eliminado, al menos parece resquebrajado aquel principio de los "cordones sanitarios" y otras monsergas por el estilo que, a diferencia de lo que se practica en Europa por los grandes partidos que la modernizaron, solo ocultaban miopía política y anclajes en el pasado.
Dichos por lo tanto algunos de los aspectos favorables de esa alianza, ahora falta lo más difícil, que es un acuerdo para concretar el modo en que debe establecerse el sistema de financiación. Teniendo claro que la tarea más difícil está por venir, y no solo porque los aliados tienen situaciones diferentes e intereses a veces contrapuestos, lo que va a suponer debates, sino porque un hipotético acuerdo "a cuatro" precisará el refrendo de las otras Autonomías. Y además el plácet del Gobierno central, que no será sencillo porque Moncloa -y Hacienda- puede estar pensando en fórmulas para resolver algún caso especial.
Con todo y con eso, es razonable pensar que la alianza habrá contado con esas y otras dificultades y preparado algo para compensarlas. Explicando, por ejemplo, a sus colegas, con más detalles, qué quieren decir exactamente con la defensa de un reparto "justo", lo que acaso generará debates sobre lo que cada cual entiende por justicia. Sobre todo, a la hora de renunciar a algunas de sus reivindicaciones para posibilitar las de los demás. Pero si hay sentido común, y ojalá que así sea, la iniciativa que puso en marcha el presidente Feijóo puede ser decisiva para hallar el camino y reforzar la solidaridad.
De lo que caben pocas dudas -entre otros motivos por su obviedad- es que cuatro Comunidades como las de la "entente" pesan políticamente más que una o dos, y que además suman las ideas de dos partidos que son mayoría absoluta en España, lo que debería bastar para que se tuvieran en cuenta sus argumentos; que muy probablemente, además, estarán respaldados por los expertos que cada una tuvo en la Comisión que analizó el nuevo sistema. Y si todo eso se une, además, al hecho de que puede fomentar la solidaridad -como quedó expuesto- probablemente acabará con los tabúes que originaron hasta hace muy poco determinadas hostilidades que solo perjudicaron al bien común. Y semejante posibilidad, por sí misma, ya justificaría el valor de las alianzas.
¿No...?
